Magyar Vagon retira su opa sobre Talgo

Agencias
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El grupo húngaro anuncia que recurrirá al Supremo y pedirá una indemnización por impedir la opa sobre Talgo tras la decisión del Gobierno español de oponerse a la adquisición y no descarta presentar otra oferta en el futuro

Magyar Vagon retira su opa sobre Talgo - Foto: Alejandro Martínez Vélez Eur

El grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) tiene intención de recurrir en el Tribunal Supremo el veto del Gobierno español a su opa por la ferrovaria Talgo, "instando su nulidad y la indemnización de todos los daños y perjuicios causados".

Según la compañía, la decisión del Ejecutivo del pasado martes de rechazar su oferta pública de adquisición (opa) del 100 % del capital social del fabricante de material ferroviario español "carece de la más mínima motivación y produce al oferente la más absoluta indefensión".

El grupo argumenta que la opa por Talgo, que cotiza en la Bolsa española, "cumple con todos los requisitos legales vigentes y que no existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España".

La compañía expresa la intención de iniciar "todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea" (UE), según un comunicado remitido este viernes al supervisor bursátil español.

El grupo decidió retirar el jueves la opa, por valor de 620 millones de euros. Según pudo saber EFE de fuentes próximas a Ganz Mavag, la decisión se tomó en la reunión mantenida en Budapest por el consejo de administración de este consorcio público privado.

El Gobierno español dijo sentirse respaldado por Bruselas en este veto a la opa, al haber manifestado el jueves la Comisión Europea que es una decisión que corresponde a España y no es necesario que se la comunique al Ejecutivo comunitario.

"La prerrogativa de estas decisiones es de los Estados miembros. No tenemos ningún comentario específico", comentó la portavoz comunitaria Francesca Dalboni en rueda de prensa.

Recordó que la legislación europea permite a los Estados miembros "restringir" la libre circulación en la UE sobre la base de motivos de seguridad pública, aunque las medidas adoptadas deben ser "justificadas y proporcionadas".

El Gobierno español alegó riesgos "insalvables" para la protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España, según una nota el Ministerio de Economía.