El grupo parlamentario Sumar continúa en su empeño de recortar los tiempos de trabajo para que los asalariados mejoren en calidad de vida, no solo para los operarios de la empresa privada sino también de la pública. En este sentido, el partido liderado por Yolanda Díaz quiere aprovechar la tramitación parlamentaria de la Ley de Función Pública para intentar adelantar la reducción de jornada en la Administración y fijar por ley un tope de 35 horas semanales para los funcionarios del Estado con el mismo salario, tal como ya se ha ido reinstaurando en la inmensa mayoría de administraciones autonómicas. Se trata de un ajuste de dos horas y media menos de la duración de jornada que la formación quiere implantar para el resto de operarios.

La propuesta que el grupo plurinacional ha registrado en el Congreso añade un apartado al artículo 87 de norma que precisa que la jornada semanal del personal de la Administración no supere las 35 horas.

En la justificación de la solicitud, Sumar señala que en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI ya se establece la recuperación de la jornada de 35 horas. «Por ello y porque así está comprometido se debe garantizar la jornada general ordinaria de 35 horas en esta ley», según explicó el socio del Ejecutivo.

Asimismo, defendió que esa reducción a 35 horas tiene que consensuarse primero y únicamente con los sindicatos en las mesas de negociación, sin ninguna mención a la patronal, que también se borró del acuerdo para rebajar a 37,5 horas la jornada general.

La enmienda planteó, además, extender la posibilidad de jubilación parcial a los funcionarios en los mismos términos que al resto de trabajadores y precisó que la negociación colectiva esté presente en todas las decisiones que tengan que ver con su implementación.  En este sentido, Sumar pretende que la jubilación de este colectivo, si es voluntaria, también pueda ser parcial.

Además, propuso la posibilidad de que el funcionario solicite, con una antelación mínima de tres meses y máxima de cuatro, la fecha en la que cumpla la edad de jubilación forzosa la prolongación de la permanencia en el servicio activo.

El objetivo es que el proyecto se apruebe a no más tardar en el próximo mes de marzo, para que desemboque en el Congreso y comience su tramitación por vía de urgencia y se aceleren los plazos.