Miles de ganaderos de leche de vaca están presentando en estas fechas reclamaciones a las industrias a las que vendieron su producción entre 2000 y 2013. Estas demandas se llevan a cabo en el marco de la multa impuesta a las mismas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), bajo la acusación de haberse intercambiado información y pactado precios a la baja en las cotizaciones en origen. Sobre el papel, se trata de una demanda masiva cuya resolución puede durar varios años y que podría suponer, si es favorable para el sector, el pago por la industria de unos 2.000 millones de euros en compensaciones según los datos manejados por algunos de los bufetes de abogados que están canalizando las reclamaciones.
Las relaciones entre los ganaderos de leche, sus organizaciones y las industrias han estado tradicionalmente envueltas en la polémica ante la desconfianza de los productores sobre la posibilidad de que las empresas más fuertes actuaran de forma coordinada como un cártel para bajar los precios en origen, a la vez que bloqueaban la posibilidad de cambios de una empresa a otra para entregar la leche. En ocasiones no hacían falta esos pactos y bastaba simplemente con que la empresa con más peso en el mercado, caso de Lactalis, planteara un precio que sería la referencia para el resto.
En base a esa desconfianza histórica, desde Unions Agrarias-UPA, se denunciaba en los primeros años de esta década la posibilidad de pactos de precios en base a un cártel formado por varias de las empresas más importantes para ofrecer unos precios a la baja a los ganaderos muy especialmente en algunas de las zonas más productoras como Galicia, Cantabria, Cataluña, Navarra o Castilla y León que suponía más del 70% de la oferta, pero de los que también se beneficiaban las industrias que adquirían leche en otras Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha o Extremadura. 
A tenor de esa denuncia y con un informe sobre la mesa de los Servicios de la Competencia de Castilla y León, la CNMC emitió un fallo en 2015 por el que se imponía una multa de 88 millones de euros a casi una docena de empresas o grupos en el sector de la industria láctea. Tras el recurso de las empresas por un defecto de forma, el 11 de julio de 2019 la CNMC emitió un nuevo fallo contra ocho empresas con multas por un montante de 80,6 millones de euros en función de las compras hechas por cada una entre 2001 y 2013, Grupo Capsa, Central Lechera Asturiana, la multinacional francesa Lactalis, líder en el sector con más del 20% de cuota para leche y quesos, Puleva, Pascual, Nestlé o Senoble, actualmente Schreiber, 
Desde uno de los bufetes que se hallan en esta batalla de las demandas, el jede de los servicios jurídicos de Eskariam, David Fernández, señala que la comunicación de la demanda por parte de cada ganadero a la empresa implicada en este proceso se debe hacer en el plazo de un año desde el pasado 11 de julio. Se plantea también la posibilidad de que las demandas se pudieran extender igualmente por parte de los ganaderos a otras industrias que, aunque no participaron en ese cártel, se beneficiaron igualmente de los bajos precios en esos años.
En 2001 el número de explotaciones ganaderas de leche de vaca en España ascendían 55.000. En 2013, el número de ganaderos bajó hasta unos 20.000, ajuste que en medios de los bufetes de abogados se achaca a los bajos precios y la escasa rentabilidad provocada por los precios, pero que se debe igualmente a la falta de relevo generacional como sucede en la actualidad, también con precios bajos y además por la existencia de ganaderos de edad avanzada. Salvo en la campaña entre 2013 y 2014 cuando los precios llegaron a rondar los 0,40 euros litro, en el resto de los años de esta década, las cotizaciones en origen se han mantenido congeladas en una media entre los 0,30 y 0,32 euros litro y con cifras más bajas en Galicia. 
Las reclamaciones las pueden hacer tanto los ganaderos en activo afectados con ventas a esas empresas, como quienes actualmente han cerrado la explotación. 
Entre los afectados hay un cierto revuelo y temor a presentar una demanda contra la empresa a la que actualmente siguen vendiendo la leche y con la que han negociado o mantienen negociaciones sobre nuevos contratos para un año, lo que habría frenado inicialmente una presenta masiva de reclamaciones. Desde Unions Agrarias-UPA en Galicia, se han presentado hasta la fecha más de 2.000.
Los precios sobre los que se plantean las demandas se sitúan para todo el período en una media entre los 0,30 y los 0,32 euros litro, si bien existen ligeras diferencias entre territorios, más bajos en Galicia y ligeramente superiores en otras zonas como Castilla y León, Navarra, Cataluña o Castilla La Mancha. Las reclamaciones en casos como este de un supuesto cártel de empresas para bajar los precios, se sitúan en un 10% de los mismos, aunque para el responsable del bufete Eskariam podrían llegar a un 12%, lo que en todo caso equivale a una cifra en el entorno de los tres céntimos de euro por litro.
Sobre una producción media en esos períodos de 6,5 millones de toneladas, en 13 años las entregas totales de leche ascenderían a unos 80 millones de toneladas. Las empresas implicadas en este proceso, según los datos manejados por Roberto García de Unions Agrarias, supondría algo más del 70% de ese volumen, lo que daría un total de leche afectada de 60 millones de toneladas, 60.000 millones de litros que a tres céntimos de euro equivaldrían a unos 1.800 millones de euros. El dirigente ganadero reconoce es una cifra muy elevada que pondría en riesgo la actividad de algunas empresas, aunque es lo que hay.
 En el período afectado por este tipo de prácticas y por el que se reclaman compensaciones, la media de entregas por explotación oscilaba entre las 180 y las 200 toneladas, que en los años siguientes subieron a una media de unas 300 toneladas. Una explotación de 20 vacas con una producción media por animal de 10.000 kilos, habría entregado al año 200.000 litros y en los 13 años que cubre la demanda 2,6 millones de litros que con una compensación de tres céntimos por litro sumarían 78.000 euros.
Los bufetes que llevan a cabo las demandas contemplan una comisión media del 30% haciéndose cargo los ganaderos de una provisión de costes del proceso. En algunos casos, se han articulado mecanismos en base a fondos de financiación que asumen todo el coste del proceso con una comisión superior. Igualmente existe la posibilidad de que un ganadero venda sus posibles derechos y se olvide del proceso. La organización Unions Agrarias, que dio el pistoletazo de salida de la denuncia y que se halla personada en el proceso, ha contratado los servicios jurídicos y técnicos necesarios para hacer frente a las demandas de sus asociados con una comisión del 10%.