La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de Segovia no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2025. El pleno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado este viernes la ordenza que la regulará pero ha pospuesto su aplicación con una enmienda transaccional en respuesta a otra parcial presentada por el Grupo Municipal de VOX. 

Tras la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia se someterá a un plazo de información pública de un mes en el que se podrán presentar reclamaciones o sugerencias. De ser así, la apobación definitiva solo se producirá cuando las resuelva la corporación municipal. 

En la votación de la ordenanza el grupo del PP en el gobierno municipal ha contado con el voto a favor de los dos concejales de VOX y con la abstención de los once concejales restantes, de PSOE, Izquierda Unida, Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) y Ciudadanos. 

La concejala de Seguridad Ciudadana, Raquel Alonso, que ha defendido la propuesta del equipo de gobierno, ha justificado la enmienda transaccional que demora hasta 2025 la entrada en vigor de la ordenanza de la ZBE en que ya la disposición final 4ª preveía en su anterior redacción una implantación progresiva de las medidas y en que el sistema de gestión integral del tráfico de la ciudad, incluyendo el control de accesos, no estará disponible hasta el mes de noviembre, según la previsión de los servicios técnicos, ha comentado la edil del PP.

Con este aplazamiento los populares han conseguido el apoyo de VOX "porque nuestro objetivo es posponer lo más posible la entrada en vigor" de una medida que, a su juicio" lo que hace es "cercar el recinto amurallado" y "obliga a cambiar el coche por una supuesta emergencia energética". En su moción parcial, y a la vista de que la normativa obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a declarar una zona de bajas emisiones, su portavoz, Esther Núñez, proponía eliminar por completo el régimen sancionador o bien modificarlo para reducirlo al mínimo y retrasar su aplicación hasta 2025.

El resto de la oposición ha votado en contra de la enmienda que pospone la entrada en vigor de la ordenza hasta el 1 de enero de 2025 y la portavoz socialista y ex alcaldesa, Clara Martín, ha reprochado al PP que haya "negociado de tapadillo" con VOX a pesar de las llamadas a la responsabilidad dirigidas a todos los grupos y sabiendo que no iban a recibir un voto contrario a tenor de lo ocurrido en la comisión informativa correspondiente, donde toda la oposición se abstuvo, hasta VOX que había amagó con presentar una enmienda a la totalidad, y de las declaraciones públicas en ese sentido.

Noemí Otero, de Ciudadanos, también ha utilizado el término "de tapadillo" y ha definido como "circo" la presentación de enmiendas de última hora al dictamen de la ordenanza, lo que ha considerado "una tomadura de pelo absoluta". 

Por su parte, Ángel Galindo, portavoz de IU, ha dicho que "Segovia no se merece este espectáculo" y ha insinuado que el PP "tenía que darle un caramelito a VOX" por su dependencia de la formación de extrema derecha en votaciones importantes en el seno del Ayuntamiento.

Guillermo San Juan, de Segovia en Marcha, también se ha referido a esa relación entre los grupos municipales de PP y VOX y a los concejales de este último les ha dicho que parecía que venían al Ayuntamiento "como el lobo feroz y al final ni siquiera llegan al Ratoncito Pérez", además de acusarles de perder credibilidad con su posición en los órganos municipales.

El alcalde, José Mazarías, ha negado cualquier tipo de juego secreto con VOX y ha afirmado que lo ocurrido es precisamente una muestra de transparencia porque se ha buscado un acuerdo para recabar un mayor apoyo aunque sabían que la aprobación de la ordenanza iba a producirse igualmente.  

Modelo de movilidad. El debate sobre la ordenanza ha servido para que los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento hayan planteado su modelo de movilidad. En este sentido, a excepción de VOX, que mantiene que Segovia es una ciudad sin prácticamente contaminacion y defiende "la libertad de movimiento" por sus calles, el resto de la oposición defiende un modelo de movilidad sostenible, con una planificación resultado de la obtención de datos que, tras la aprobación de la ordenanza, podrán conseguirse con un nuevo sistema integral de control del tráfico para el que el Ayuntamiento de Segovia ha obtenido una subvención de fondos europeos.

Tanto las formaciones de izquierda como Ciudadanos reprochan al equipo de gobierno del PP lo que califican de "tarifazo" en el transporte público en autobús y el Grupo Socialista defiende que no se adopten medidas como la peatonalización de Blanca de Silos sin contar antes con un plan o estudio de movilidad que las avalen. Se muestran también contrarias al aparcamiento subterráneo de Los Tilos, como ha puesto de manifesto Ángel Galindo, entre otros. El portavoz de IU argumenta que el PP "no cree en un modelo de movilidad sostenible" y considera que la prueba está en el acuerdo alcanzado en el pleno de este viernes con VOX, "un grupo que niega el cambio climático". 

Posición del PP. «Segovia no es una ciudad que registre valores excesivamente altos de contaminación, no tenemos esa nube que cuando vamos a Madrid podemos observar al acercarnos a la ciudad», recalca el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, que desde la pantalla de La 8 Televisión de Castilla y León, en el programa 'Enfoque', lanzaba esta semana un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante la aprobación de la  Ordenanza municipal que regula la Zona de Bajas Emisiones. Lo que sí advertía es que aunque «es muy razonable para lo que es nuestra ciudad», lleva aparejada la implantación de un sistema integral de monotorización del tráfico, que implica control de accesos, señalización y colocación de cámaras.  

El concejal dice que ese sistema de monotorización y control «es muy necesario porque nos permitirá tener datos para un plan de movilidad sostenible» .

Afirma que el estudio del actual plan de movilidad sostenible del Ayuntamiento se hizo en el año 2007, una consultora redactó los trabajos en 2008 pero que no se aprobó hasta 2014 «y desde entonces el PSOE ha gobernado durante 20 años en esta ciudad y no ha hecho absolutamente nada», una cuestión que también ha puesto de relieve Alonso durante el debate en el pleno.

Durante su participación en el programa 'Enfoque', este responsable municipal ya afirmó: «esperemos que las denuncias se produzcan lo más tarde posible porque nuestro objetivo es cumplir la normativa pero no denunciar». Ahora ya se conoce que al menos hasta 2025 no habrá sanciones. 

La portavoz socialista considera que posponer hasta enero la entrada en vigor de la ordenanza es un error "porque aunque no se pueda sancionar hasta que se disponga de un sistema de control, por lo menos tiene un efecto disuasorio y estoy segura de que los residentes lo agradecerían". 

La Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de Segovia es fruto de un trabajo que inició el anterior gobierno municipal de PSOE-IU y han sido varias las concejalías que durante el actual mandato han continuado esa labor. Horcajo, como responsable de Transporte y Movilidad, ha sido uno de los más implicados junto a Raquel Alonso, y pone de manifiesto las medidas de flexibilización a las restricciones al tráfico, que en algún caso se extienden hasta 2030 (para los vehículos con etiqueta B), además de contemplar excepciones, entre otros para los residentes en el recinto amurallado.