Las huelgas en Justicia atascan meses el Registro Civil

Nacho Sáez
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Ninguna de las personas que ha solicitado cambiar de sexo registral en Segovia desde que entró en vigor la ley trans ha podido ratificarse en su declaración, y la espera para jurar la nacionalidad se ha duplicado.

Las huelgas en Justicia atascan meses el Registro Civil - Foto: Rosa Blanco

La huelga de los funcionarios de Justicia se ha aplazado pero no sus efectos. Además de los retrasos de juicios a 2025, tal y como desveló el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja, los ciudadanos sufren las consecuencias de esos paros en trámites más ordinarios. Hasta el punto de que la aplicación de la ley trans ha quedado frenada y, este pasado miércoles, no había posibilidad de obtener cita previa para iniciar un expediente matrimonial en el Registro Civil de Segovia.

Este, situado en el Palacio de Justicia, en la calle San Agustín, no atiende a nadie sin cita previa desde la pandemia. Una página web del Ministerio de Justicia obliga a introducir nombre, apellidos, DNI, y número de teléfono de la persona que desea realizar el trámite y a indicar la gestión que necesita. Para iniciar un expediente matrimonial, el programa indicaba este miércoles que no había citas disponibles, y para solicitar un certificado de defunción, la primera libre se encontraba el 3 de agosto.

Una tormenta perfecta se ha situado sobre el Registro Civil de Segovia. A los retrasos acumulados por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia -que se prolongó desde el 24 de enero hasta el 28 de marzo- y la huelga de tramitadores y auxilios -en este caso duró del 22 de mayo al 4 de julio- se suman los problemas de personal que padece este organismo. Dotado con solo tres trabajadores, en este momento uno se encuentra de vacaciones y otro de baja laboral, en principio de corta duración, según fuentes de este Registro Civil. Al no ser por un periodo largo, la Gerencia de Justicia no contrata a un sustituto, tal y como indican esas mismas fuentes.

Al haber sido incluidos dentro de los servicios mínimos en las huelgas, los expedientes matrimoniales ya iniciados no se han visto afectados en sus plazos, al contrario que otros trámites. Ninguna de las personas que han solicitado el cambio de sexo tras la entrada en vigor el 1 de marzo de la ley trans ha podido completarlo en el Registro Civil de Segovia. Este recibió una decena de solicitudes en el primer mes y medio. Una cifra elevada si se compara, por ejemplo, con las tramitadas por Burgos (doce), una provincia con más del doble de habitantes. Ya no es necesario un informe médico ni psicológico o haber iniciado un proceso de hormonación para que un hombre pase registralmente a ser una mujer y viceversa. Siempre que el solicitante, eso sí, tenga más de 16 años. Para los menores de esa edad, el proceso es otro.

La nueva ley obliga a quien solicita el cambio de sexo registral a comparecer una segunda vez en el plazo de tres meses para ratificar su primera declaración. Después, el Registro Civil tiene un plazo máximo de un mes para dictar una resolución. Según fuentes de ese órgano, todavía no se ha dictado ninguna en Segovia por el retraso acumulado por las huelgas. «En cualquier caso, ninguna persona que haya solicitado el cambio de sexo en el Registro va a tener problemas porque hayan transcurrido más tiempo de los tres meses que marca la ley para que ratifiquen su declaración. La causa no es imputable a ellos sino al Registro», remarcan las mismas fuentes.
seis meses. Estas calculan que al menos hasta el próximo año no pondrán al día todo el trabajo acumulado durante este tiempo, que repercute también en otros trámites con decenas de personas afectadas. Es el caso de las juras de nacionalidad. «Mucha gente se está yendo al notario porque ven que aquí no les llamamos», revela una trabajadora del Registro Civil.

Desde que recibe la notificación de la resolución de la concesión de la nacionalidad española, el solicitante dispone de un plazo de 180 días (seis meses) para hacer la jura ante el Registro Civil donde esté empadronado o inició el expediente de nacionalidad a no ser que haya efectuado un traslado de expediente. El año pasado en Segovia consiguieron la nacionalidad española 514 personas, la cifra más alta desde 2013, cuando fueron 531 y cuando por primera vez el Instituto Nacional de Estadística ofreció este dato provincializado. La gran mayoría eran marroquís (236), seguidos por hondureños (40), dominicanos (36), colombianos (35),  búlgaros (33), bolivianos (18)...

El Registro Civil de Segovia no da cifras del tiempo de espera actual para jurar la nacionalidad, pero fuentes del mismo sí que reconocen que es el doble que antes de  que se produjeran las huelgas en el ámbito de la Justicia. En la actualidad tienen unas cien pendientes. «Si vemos que se les va a pasar el plazo de seis meses que tienen para jurar desde la resolución de la concesión de la nacionalidad, les llamamos para que eso no ocurra. Pero mucha gente está optando por irse al notario», explican.

Consultada por esta redacción, Accem no se está viendo afectada por esta problemática. «Nosotros lo que gestionamos sobre todo son solicitudes de asilo. Cuando nuestros usuarios cumplen los requisitos para solicitar la nacionalidad, nosotros ya no tenemos contacto con ellos en casi todos los casos», indican fuentes de esta ONG. Cruz Roja, que también incluye entre sus funciones la ayuda a la integración social de personas inmigrantes, observa «las dificultades de siempre».

La situación es generalizada en  los registros civiles de toda España. Según datos del Consejo General del Notariado, más de 22.300 parejas en España han tramitado sus expedientes matrimoniales ante notario desde el 30 de abril de 2021, cuando la reforma del Código Civil y de la Ley de Registro Civil introdujo entre las competencias del notariado este servicio, que hasta entonces solo podía realizarse en el Registro Civil. Solo durante enero y febrero de este año los notarios españoles han autorizado un total de 2.208 expedientes matrimoniales. Una cifra que supone un incremento del 25 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022. La posibilidad que ofrecen de reducir los plazos decanta a algunas parejas por esta opción frente a los registros civiles, a pesar de que el Estado ha introducido la inteligencia artificial para agilizar algunas tareas.