Siete años después de trasladar la sede social a Palma de Mallorca por el terremoto político y económico causado por el procés, La Caixa ha acordado regresar a Cataluña al entender que ya no se perciben los signos de incertidumbre que motivaron su salida. Detrás de esta decisión, con un peso más simbólico que financiero, se esconde una labor tan callada como efectiva del Gobierno de Salvador Illa, que propicia así una oportunidad para mejorar la captación de inversiones, una de las rémoras que dejó la deriva independentista y que han reflejado tanto las propias cuentas de la comunidad como los informes de las agencias de calificación de riesgos.
Banco de Sabadell, primero, y Fundación La Caixa y Criteria, ahora, han abierto un camino que previsiblemente seguirán otras empresas que también abandonaron Cataluña a causa de la zozobra política y territorial. Sin embargo, antes de lanzar las campanas al vuelo y felicitarse por la nueva situación convendría analizar cuál ha sido el coste global del procés, una vez que la asunción de responsabilidades ha quedado finalmente en barbecho. En primer lugar hay que valorar la fractura social que se produjo y que ha dado como resultado una polarización de la población inédita hasta ahora en una tierra que siempre ha sido de acogida. Sin olvidar, por supuesto, el coste económico que este Gobierno no ha tenido ningún inconveniente en sufragar con el único objetivo de mantenerse en el poder.
La quita de la deuda autonómica ha sido la última factura de este apartado. Esa condonación ficticia a todas las comunidades autónomas ha tenido como fin, único y exclusivo, aliviar la excesiva carga que soportaba Cataluña y que lastraba su capacidad de inversión. De ahí que, sea cual sea la comparativa, haya sido la más beneficiada del reparto. En vez de un castigo por haber hecho añicos la regla fiscal, destinando ingentes cantidades de dinero público a gasto improductivo, Cataluña ha recibido el premio de ver socializadas sus deudas entre el resto de regiones de España.
Las concesiones políticas han sido muy numerosas y solo hay que fijarse en la última: la de delegar en la Generalitat las competencias de inmigración, extranjería y control de fronteras. Esta negociación no solo ha suscitado duras críticas por parte del Partido Popular, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo la ha calificado como «la cesión más grave en la historia constitucional», sino que barones socialistas como Page ven en ella elementos que favorecen el racismo. En el fondo no es más que otra prueba de que el nacionalismo catalán solo atempera su furor secesionista a cambio de una mayor inyección de dinero del Estado y de cotas superiores de autogobierno.