La última noticia habría provocado titulares de portada y, probablemente, escándalo: el juez Joaquín Aguirre pide al Supremo la imputación de Carles Puigdemont y Artur Mas, entre otros, por su lazos con la trama rusa, supuestamente vinculada a la financiación del proceso independentista catalán. Sin embargo, son tantas las noticias relacionadas con la Justicia y la Fiscalía, con los indultos a la carta tan habituales en este Gobierno, con la Ley de amnistía, y tantos los recursos presentados, que es imposible moverse en ese laberinto.

El espectáculo es desolador, porque los mismos que defendían o cuestionaban leyes, se pronuncian ahora en sentido contrario, a conveniencia. Y en la Fiscalía, los cuatro fiscales de la Sala Segunda que condenaron a los promotores del procés se han visto desautorizados por el fiscal general. No se conformó con esa desautorización, sino que convocó la Junta de Fiscales y consiguió que, por la mínima, el Consejo se pronunciara como deseaba Álvaro García Ortiz gracias a su voto, pero también al de Dolores Delgado, a la que Ortiz promovió a fiscal de Sala, nombramiento que rechazó el Supremo por no cumplir los requisitos. 

En España gobierna un presidente que no tiene límites para alcanzar sus objetivos, sean los que sean. El jueves promovió con la Ley de paridad que el PP no puede usar su mayoría absoluta en el Senado para bloquear el techo de gasto. La mayoría de los letrados lo consideran ilegal pero, mientras se eleva recurso a órganos superiores, el Gobierno y sus socios pueden promover iniciativas presupuestarias sin tener en consideración su precariedad parlamentaria en la Alta Cámara.

La mujer del presidente

El foco está puesto, sin embargo, en cuestiones de mayor alcance. La principal, la situación en la que se ha movido la mujer del presidente del Gobierno, que podría haber incurrido en delito. De hecho, ha sido imputada y deberá responder ante un tribunal y ante una comisión parlamentaria de investigación.

Begoña Gómez, con la ayuda de destacados socialistas y de empresarios que se han beneficiado gracias a su intermediación, ha logrado que no se le aplique lo que se ha hecho con tantos militantes y dirigentes de su partido, la baja de militancia. Sí se ha aplicado, en cambio, a dos personas relacionadas con algunas de sus operaciones, el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. También podría repercutir en el futuro del rector de la Universidad Complutense, por permitir la adjudicación de una cátedra sin que Gómez contara con la titulación.

Para Pedro Sánchez, sus ministros y cargos del PSOE, estas noticias son bulos, maniobras de la oposición, jueces que no respetan la imparcialidad y periodistas críticos con el Ejecutivo, que se mueven en el «fango». Sin embargo, la realidad es tozuda, y las pruebas de que personas del sanchismo se mueven en la ilegalidad son contundentes.

Las más graves se refieren a la Ley de amnistía, aprobada con urgencia para que los condenados por el procés puedan ser amnistiados con su certificado de penales completamente limpio y en condiciones de recuperar su actividad política.

Distintos jueces coinciden en que, en el caso de que el Constitucional diera luz verde a la norma, no podría afectar a los condenados por malversación. Es el motivo de que el fiscal general, que cumple órdenes del Gobierno que lo nombró, llevara el asunto a la Junta, advirtiendo que no aceptaría el resultado si era negativo y que no pensaba dimitir. 

García Ortíz, por otra parte, tiene abierto un procedimiento judicial porque el novio de Isabel Díaz Ayuso presentó una querella por la falta de respeto a su intimidad al difundirse una nota en la que se daba información sobre su las negociaciones que mantenía con la Agencia Tributaria para llegar a un acuerdo. La propia fiscal de Madrid y su director de comunicación alertaron sobre la ilegalidad de difundir ese tipo de datos, pero se mantuvo la orden de enviar el comunicado, y la fiscal se ha visto obligada a comparecer ante el juez.

Pieza clave

Para Sánchez, la amnistía es clave. Para su futuro presidencial, pero también para que Salvador Illa lidere la Generalitat e impida que lo haga Carles Puigdemont o que, en una segunda vuelta, ERC y Junts se presenten unidos y gobiernen en Cataluña. 

Solo ahora el presidente ha comprendido lo que le advertían profesionales del Derecho: que incluso si el TC decide que la ley es constitucional -apenas nadie duda que será así, gracias a la ayuda inestimable de Cándido Conde Pumpido-, su aplicación corresponde a los jueces. Y ahí el Supremo tiene la última palabra, analizando caso por caso, ajeno a las promesas del dirigente socialista a los líderes del procés. 

Es lo que más inquieta ahora a Puigdemont, que ha perdido la inmunidad de eurodiputado porque no se presentó a los comicios del 9-J convencido de que presidiría la Generalitat y, además, el independentismo vive con preocupación generalizada la escisión de ERC.

En el Supremo admiten abiertamente que es difícil tomar decisiones cuando llegan tal cúmulo de informaciones que afectan directamente a la aplicación de la norma. Lo último, el debate sobre si ha habido delito de malversación.

La idea inicial era promover ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial apoyada por informes que demostrarían que se intenta aplicar el perdón a personas que han cometido terrorismo y malversación, para los que la Justicia europea no admite amnistía. Pero también está abierto el camino de recurrir a la Fiscalía comunitaria para que detenga el borrado delictivo de condenados por el Supremo y que han promovido acciones que en varios países democráticos sería consideradas intentonas golpistas.

Esa puerta, la de la Fiscalía europea, ha provocado alguna desazón, porque el fiscal español es hermano de un exsenador socialista. Sin embargo, una fuente de esa institución advierte que este abandonó el partido por discrepancias con las políticas de Sánchez, y que su hermano ha demostrado una profesionalidad indiscutible en los casos en los que ha actuado hasta el momento.

En cualquier caso, hay un hecho evidente: en la España actual, la política está pendiente de decisiones judiciales. Serán los tribunales los que determinarán quienes mandarán, durante cuánto tiempo y con qué socios. Determinará incluso si la mujer del presidente ha tenido un comportamiento ejemplar.