Llueve sobre mojado. Y es que no era la primera vez que algún trabajador del piso tutelado donde murió asesinada el pasado domingo una empleada social de 35 años había presentado quejas o «incidencias» a los tres menores presuntamente implicados en este suceso. Aunque dichas reclamaciones no tenían rango oficial de denuncia, sí es cierto que se pusieron en conocimiento de la Justicia «tal y como indica el protocolo de actuación».

Sin embargo, y «en lo revisado» hasta ahora, a la Junta de Extremadura no le consta que existiera una acusación de la víctima a los tres menores que presuntamente acabaron con su vida, aunque «sí había denuncias previas a otros usuarios» que en la actualidad no se encuentran en ese centro, avanzó ayer la consejera de Servicios Sociales, Sara García.

Según explicó, estos pisos tutelados se gestionan de forma indirecta a través de una entidad adjudicataria del contrato, que se licitó en 2022 y finaliza este 2025, por lo que indicó que en estos momentos estaban «trabajando en la elaboración de unos nuevos pliegos que contemplen un refuerzo de personal para estos recursos».

Según explicó, estos tres adolescentes se encontraban en «hogares de inserción sociolaboral», que es donde están aquellas personas que cumplen «medidas judiciales de convivencia en grupo educativo al que llegan por decisión judicial, ya sea como medida cautelar o por sentencia firme».

Se trata de «viviendas de régimen abierto de inserción sociolaboral», mientras que por otro lado, está el modelo de los centros de internamiento de menores, que éstos sí cuentan con vigilantes y cámaras de seguridad, tras lo que la consejera aclaró que «es una decisión judicial el que un menor ocupe uno u otro recurso», es decir, estén en régimen abierto o cerrado.

Sobre los menores arrestados, trascendió que los dos varones habían desaparecido del centro varios días antes de cometerse el crimen y que, durante su huida, protagonizaron el robo en una cafetería y pasaron varios días durmiendo en la calle. Uno de ellos, de 15 años, acarrea más de 50 robos en establecimientos y de coches. El otro, de 14, está tutelado por haber agredido repetidas veces a su padre.

Desde el punto de vista procesal, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Badajoz decretó el internamiento en régimen cerrado como medida cautelar para los tres jóvenes detenidos por el homicidio de Belén C.F., según informó el Tribunal Superior de Extremadura.

Los arrestados son dos chicos de 14 y 15 años y una chica de 17, según apuntaron fuentes judiciales, que indicaron que la vinculación de la joven en los hechos podría estar relacionada con colaborar en la huida.

Asimismo, precisaron que fue una llamada de una persona la que habría informado de una fuerte discusión en el piso tutelado, lo que habría provocado que efectivos de la Policía Nacional se desplazaran hasta el lugar donde encontraron a la trabajadora fallecida.

Más de 23.000 firmas

En solo dos días, tres trabajadoras sociales lograron reunir unas 23.000 firmas a través de la plataforma ciudadana Change.org solicitando más medios y más seguridad tras el presunto asesinato de Belén.

La educadora Victoria Salinas, impulsora de una de las iniciativas, aseguró que abandonó su trabajo porque temía por su vida y demanda urgentemente más personal de seguridad. «Estoy horrorizada y llena de rabia. Han asesinado a una de nuestras compañeras mientras trabajaba en un piso tutelado», lamentó Salinas, al tiempo que denunció que muchos profesionales del sector llevan años advirtiendo de que esto podría suceder.

También los partidos -PP, PSOE, Vox y Podemos- se hicieron eco de la alarma suscitada por este hecho y coincidieron en analizar la situación de estos centros en la región.