El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha asegurado este martes que es una "evidencia" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles".

Así lo ha señalado el instructor en un auto en el que atiende en parte a la petición del jefe del Ministerio Público y fija que acusaciones y defensas solo podrán acceder a los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de forma presencial en el propio tribunal.

El magistrado señala que "carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal".

El TS asegura que el fiscal general "ha eliminado pruebas"

En este sentido, añade que "en el caso de la presente instrucción, es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles".

Además, Hurtado apunta que aunque García Ortiz "ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre".

Al hilo, indica que ante esa desaparición se ha acordado la práctica de determinadas diligencias de instrucción para tratar de recuperar pruebas, para lo que "ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos".

Asegura que las acusaciones tienen "interés legítimo" 

La resolución de este martes tiene lugar en respuesta a la queja de García Ortiz, que denunciaba un vulneración de la normativa de protección de datos por la información que figuran en los anexos de los informes de la UCO, relativo al tráfico de llamadas realizadas y recibidas.

Los referidos documentos contienen datos personales --números de teléfono, direcciones postales y DNI-- tanto del fiscal general del Estado como de un escolta, así como de otro fiscal, un abogado y un periodista, entre otras personas.

El magistrado ha acordado entregar a las partes el documento en que se recoja la pericia oficial, y los anexos que la complementan quedarán a disposición de las partes en la secretaría.

Hurtado hace referencia a las citas que se han hecho al artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando dice que jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia podrán adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos "siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva", y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.

El instructor defiende que dicho artículo no establece con carácter absoluto la supresión de datos personales, por parte de los órganos judiciales, en todo tipo de documentos a los que puedan acceder la partes, sino que lo supedita a que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Con todo, incide en que "cualquiera de las partes en el proceso puede tener un interés legítimo en conocer, íntegra, la documentación que se incorpore a él, de la que no se le debe privar en razón a esa tutela judicial efectiva".

Además, el magistrado recuerda que el propio artículo 236 señala que a las partes también incumbe cumplir con la normativa de protección de datos en relación a los datos personales que conozcan a través del proceso.