Los fondos que se dedican a la Política Agraria Común (PAC) son siempre motivo de controversia. Al entrar en vigor la que funciona actualmente (2023-2027), el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguraba que las negociaciones habían sido un éxito y que España disponía de la misma cantidad de dinero que en la PAC anterior. Sin ser falsa la afirmación de Planas, Pedro Barato puntualizaba en una entrevista en Cultum que esa cantidad en realidad representaba, en términos relativos, menos fondos por el encarecimiento de insumos a lo largo de esos años.

El caso es que la semana pasada la Comisión Europea presentó su comunicación sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), iniciando el debate sobre la estructura presupuestaria de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-2034. La propuesta busca hacer frente a los nuevos desafíos económicos, geopolíticos y climáticos, al tiempo que se adapta a la devolución de la deuda de NextGenerationEU, un elemento que preocupa y mucho al Ejecutivo comunitario. La Comisión plantea la necesidad de un presupuesto más simple, flexible y basado en resultados, sustituyendo la actual estructura de asignación de fondos por políticas específicas por un modelo de Planes Nacionales Integrados en el que cada Estado miembro gestionaría sus recursos dentro de una estrategia nacional alineada con las prioridades de la UE.

El documento señala que la actual fragmentación presupuestaria, reflejada en asignaciones predeterminadas a los diferentes ámbitos políticos de acción (agricultura, defensa, seguridad, innovación... y así hasta 50 líneas) ha generado problemas de ejecución, falta de flexibilidad y rigideces que dificultan las respuestas de la UE a las crisis y resta eficiencia a los fondos. La Comisión propone, por lo tanto, una simplificación en la gestión de los fondos, consolidándolos en tres grandes ejes.

Por un lado estarían los Planes Nacionales Integrados, que englobarían áreas como agricultura y cohesión. Además estaría el Fondo Europeo de Competitividad, para inversiones estratégicas en innovación y digitalización. Y, por último, el Fondo Renovado de Política Exterior para reforzar la posición de la UE a nivel global. Estos cambios buscan maximizar el impacto del presupuesto, agilizar la toma de decisiones y reducir la burocracia.

El papel de la PAC.

La Política Agraria Común ha sido tradicionalmente uno de los pilares del presupuesto europeo, representando cerca del 30% del total. Sin embargo, de llevarse a cabo los propósitos que la Comisión traslada en su comunicación, con la nueva estructura propuesta, la PAC dejaría de contar con una asignación presupuestaria fija, pasando a integrarse en los Planes Nacionales. Esto implica que cada Estado miembro decidiría cuánto destinar a la agricultura dentro de su asignación, generando incertidumbre en la estabilidad de los pagos directos y los programas de desarrollo rural.

La Comisión reconoce que el sector agrícola enfrenta importantes desafíos, como la volatilidad de los ingresos, el relevo generacional y los efectos del cambio climático. Según el documento, en 2023 el ingreso agrícola por trabajador fue un 60% inferior a la media europea, y solo el 6,5% de los agricultores eran menores de 35 años. Además, el coste medio anual de los desastres naturales ha aumentado hasta 50.000 millones de euros, afectando directamente la producción agrícola. Para abordar estos retos, la Comisión considera que serían necesarios 62.000 millones de euros en inversiones para cerrar la brecha financiera del sector agrícola y garantizar su transición hacia un modelo más digitalizado, ecológico y resiliente. Estos recurso debería priorizar la resiliencia climática, el acceso a financiación y el uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, al no contar con un presupuesto preasignado, la disponibilidad de dichos fondos para estos objetivos dependería de las decisiones nacionales.

La nueva estructura presupuestaria, basada el planes nacionales integrales, podría tener consecuencias significativas para la financiación de la PAC y el desarrollo rural. Por un lado, se podría desencadenar a nivel interno de cada Estado miembro una mayor competencia por los fondos. Sin una partida específica, la agricultura deberá competir con otros sectores en la distribución de los fondos nacionales y también con otras prioridades políticas en materia social, inmigración, trabajo, seguridad, etc.

Dependiendo, por lo tanto, de estas prioridades, las ayudas a los agricultores podrían reestructurarse o incluso reducirse. Cabe recordar el estudio elaborado por expertos para el Parlamento Europeo, en el que alertaban de que, sin un incremento sustancial del presupuesto de la UE, la ampliación hacia países como Ucrania y los Balcanes Occidentales podría costarle a España unos 3.000 millones de euros en la PAC futura.

Al margen de ello, el nuevo esquema podría generar desigualdad entre Estados miembros, ya que aquellos países con mayor dependencia de la PAC podrían verse perjudicados si sus gobiernos priorizan otras áreas de inversión. Por otra parte, igualmente, podrían surgir diferencias, no solo en el nivel de apoyo recibido por los agricultores, sino también en la carga administrativa, al tener que adaptarse a las diferentes normativas nacionales que se decidan en cada país en lugar de regirse por un sistema común europeo.

Ante una mayor flexibilidad hay, efectivamente, más capacidad de respuesta; pero también más incertidumbre, porque el nuevo sistema permitiría adaptaciones rápidas en caso de crisis, pero tanto de crisis en el sector agrario como de crisis en otros sectores y ámbitos, lo que podría debilitar la estabilidad de los recursos destinados a la agricultura.

Futuro incierto.

En definitiva, se adivina un cambio de paradigma en el horizonte. Hasta ahora, en cada Reforma del Marco Financiero Plurianual nuestras autoridades siempre se han prodigado en insistir que la financiación de la PAC no estaba en cuestión. Eso ha sido cierto, aunque en cada repaso dado se haya perdido alguna varilla del otrora famoso paraguas comunitario.

Posiblemente también en esta ocasión la persistencia de una Política Agraria (al parecer menos Común) estaría asegurada, pero su peso no estaría garantizado; y su futuro dependerá de las decisiones políticas de cada Estado miembro. En los próximos meses las negociaciones en el Consejo y el Parlamento Europeo serán clave para determinar si esta transformación del presupuesto de la UE se traduce en una mayor responsabilidad para los políticos patrios que tendrán, si es así, muchos menos argumentos para echarle la culpa a Bruselas de todo lo que no funciona.