Las familias de Rufino Ruiz y Santiago José González no están solas. El Ayuntamiento de Trescasas ha redactado una moción en solidaridad con su situación, que continúa sin resolverse. La Sareb quiere desahuciarlas de sus casas y ellas siguen pidiendo sin éxito al denominado 'banco malo' que les reciba para negociar. Después de que El Día de Segovia desvelara el caso, la Corporación de Trescasas se ha puesto de su lado.

Esta ha instado a la Sareb a que designe con carácter urgente «un interlocutor válido que pueda establecer un diálogo directo con las familias afectadas y con este Ayuntamiento con el fin de explorar y alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes implicadas», según remarca la moción. En la moción debatida este pasado jueves, el pleno municipal de Trescasas también ha pedido a las administraciones competentes su colaboración y mediación en este proceso «con el objetivo de garantizar una resolución efectiva y justa para los vecinos afectados».

La moción llegará a la Sareb, a la Delegación del Gobierno en Castilla y León y a la Junta de Castilla y León, aunque el Ayuntamiento de Trescasas está a favor también de la participación de otras instituciones que puedan colaborar. La pesadilla para Rufino Ruiz y su familia comenzó en 2012. En aquel momento imaginaron su futuro en uno de los chalets que vendía en Trescasas sobre plano una promotora, con la que llegaron a un acuerdo para adquirir la vivienda que incluía la entrega de la casa en la que residían hasta ese momento en el Real Sitio de San Ildefonso. Firmaron un contrato de compraventa y cumplieron con su parte del acuerdo, pero la promotora quebró antes de que escrituraran y les dejó en un limbo en el que continúan trece años después.

Entre 2012 y 2019 no dejaron de intentar conseguir las escrituras, pero los numerosos embargos que arrastraba el promotor lo convirtieron en una misión imposible. La vivienda había pasado a ser, primero, de la entidad financiera con la que la constructora tenía una hipoteca, y después, de la Sareb, el llamado 'banco malo' que el Gobierno de Rajoy creó en 2012 para que los bancos pudiesen traspasar a él los activos inmobiliarios que lastraban sus balances.

Con el permiso del promotor y sin ser conscientes del pozo oscuro y siniestro en el que podían desembocar, Rufino y su familia entraron a vivir en la casa que habían comprado y no habían podido escriturar, previa inversión de unos 40.000 euros para terminar la vivienda, que por ejemplo carecía de instalación eléctrica en ese momento. Después llegó la demanda de la Sareb, que sostiene que no tienen derecho a permanecer más tiempo en la casa, como también le ha sucedido a Santiago José González.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Segovia ya ha dado la razón al 'banco malo' en el caso de Rufino, que teme la llegada en cualquier momento de la orden de lanzamiento. «Queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad con las familias afectadas reconociendo la difícil situación de vulnerabilidad y desamparo que atraviesan reafirmando el compromiso de este Ayuntamiento en la defensa de sus derechos y bienestar», destaca la moción de la Corporación de Trescasas. El tiempo para Rufino y Santiago se agota en busca de una solución que no termina de llegar.