La Junta de Castilla y León ya sabe lo que le va a 'costar' la subida adicional del 0,5 por ciento en la nómina de sus más de 100.000 funcionarios conocida esta semana tras cerrarse el dato definitivo del IPC del pasado ejercicio. Veinticinco millones de euros a mayores tendrá que destinar cada año el Ejecutivo autonómico a su ya abultado capítulo de gastos de personal –que supera los 5.000 millones anuales– para hacer frente a esta mejora retributiva 'extra' que acordó el Gobierno de España con los sindicatos y que se condicionó a la evolución de la inflación del periodo 2022-2024. Como la medida es con carácter retroactivo al 1 de enero de 2024, el pellizco a las arcas de la Comunidad asciende a los 50 millones de euros para el ejercicio pasado y el actual. ¿Cuándo lo verán los funcionarios en sus nóminas? Desde la Junta miran al Gobierno central y esperan a que regule esta subida para acometer el pago.

«Vamos a hacer frente a estos pagos porque es nuestra responsabilidad conforme a la Ley de Presupuestos, vamos a asegurar el pago de estas cantidades actualización para 2025», resumió el consejero de Economía y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que aseguró que no van a esperar a que el Gobierno central lo incluya en el Presupuesto y avanzó que harán efectivo el pago cuando se apruebe, previsiblemente bajo la figura del Decreto-Ley.

De esta forma, la Junta de Castilla y León espera proceder al pago de los atrasos del pasado año y lo correspondiente de este en cuanto el Gobierno apruebe la norma básica que regule esta subida del 0,5% que se une a la del 2% ya aprobada para 2024. «Esperamos a que el Gobierno de España cree los cauces necesarios para poder abonarlo. En cuanto se pueda lo haremos, si puede ser en febrero lo pagaremos en febrero», detalló FernándezCarriedo, que recordó que este 0,5% extra no es la mejora retributiva de 2025 y que no evita para que los empleados públicos de Castilla y León vuelvan a perder poder adquisitivo este año, toda vez que su subida salarial para 2024 finalmente se queda en el 2,5% frente al 2,7% en el que el IPC cerró el ejercicio.

Subida de 2025. El portavoz autonómico aprovechó para apremiar al Gobierno de España a que apruebe «cuanto antes la actualización de los salarios de los funcionarios para este 2025. «Sería bueno», dijo, tanto para los propios funcionarios como para las administraciones públicas. A la vez especificó que, en caso, de aprobarse los nuevos presupuestos del Estado será ahí donde se recoja las subidas en la nóminas públicas, pero, de no contarse con cuentas, el Gobierno tendrá que aprobar un Decreto-Ley para su aplicación por las comunidades, tal y como ya ha ocurrido en otras ocasiones durante los últimos años.