La Diputación de Segovia ha acogido la reunión anual ordinaria de su Comisión Antifraude, presidida por el diputado de Recursos Humano, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez. Una sesión que se ha desarrollado en el Palacio Provincial, integrada por Isidro Gómez-Juárez Sidera, técnico responsable supervisor de las Medidas Antifraude; Mª Lourdes Merino Ibáñez, secretaria general de la Diputación; Pascual Navarrete Aguiló, interventor general; Elena Pedriza Sanz, jefa de la Unidad de Gestión de Tesorería; Sergio Gutiérrez Ponce, técnico de Administración General del Servicio de Contratación; y Julián García María, como secretario de la comisión, y que sirve para repasar los asuntos relacionados con las competencias de este órgano.

Una instancia que ha cobrado, si cabe, mayor relevancia, tras la reciente creación en Castilla y León de la Autoridad Independiente en materia de corrupción. Un ente con el que la institución provincial debe colaborar para garantizas la eficacia de las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en el seno de la propia Diputación.

En ese sentido, cabe subrayar que, en enero de 2022, la Diputación adoptó una política de tolerancia cero ante el fraude y la corrupción, estableciendo un sistema de control interno diseñado para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, cualquier actuación fraudulenta y, en su caso, subsanar sus consecuencias, desde los principios de integridad, objetividad y honestidad que informan el ejercicio de la función pública.

La comisión antifraude de la institución provincial es un órgano técnico, independiente y articulado como grupo de trabajo colegiado. Así, asume como función específica el asesoramiento en relación con la utilización -en el ámbito de actuación de la Diputación Provincial de Segovia- de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de conformidad con las normas aplicables.