El sector veterinario está unido por primera vez al completo en las protestas contra la normativa, vigente desde enero, para la gestión de tratamientos antibióticos en animales de compañía. Una normativa auspiciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, entienden, dispara los tiempos en la atención a las mascotas de forma innecesaria y dificulta la capacidad de los profesionales para la atención y la prescripción de tratamientos.
El Real Decreto 666/2023 ha logrado lo que nunca se había conseguido, unir a todos los veterinarios tanto de sanidad animal como de pequeñas mascotas buscando la reducción del uso de antibióticos en animales, algo que en el ganado ya se ha logrado. "En cuatro años hemos reducido un 60 y tantos por ciento", señaló este miércoles el presidente del Colegio de Veterinarios de Segovia, José Miguel Gil, durante la protesta convocada frente a la Subdelegación del Gobierno.
Piden ahora que los veterinarios de pequeñas mascotas hagan cultivos previos antes de recetar, aunque sepan a ciencia cierta la patología del animal. "El tiempo es vital. No es lo mismo tener un animal con infección tres días y que luego mejore a tres días con un antibiótico que no funciona, tener que hacer un cultivo", explicó Daniel Murillo, vocal de Pequeños Animales del Colegio de Veterinarios.
Aunque se ha puesto mucho el foco sobre estos tiempos de dilación, hay otras dos reivindicaciones quizá más importantes. "Uno, que no nos deja vender los tratamientos completos a nuestros animales, a nuestros pacientes, así que tenemos que darle dos o tres pastillas en espera de que el propietario pueda ir a comprarlo a la farmacia. Además, las farmacias están desabastecidas, no hay envases pequeños, y nos obligan a trabajar de acuerdo a unas fichas técnicas. Las fichas técnicas es el prospecto. Los prospectos en veterinaria están obsoletos, anticuados, son muy cortos", argumenta María José Alonso, portavoz de Vets Unidos. A nivel nacional, las protestas continuarán y han pedido reuniones con el Ministerio de Agricultura, al que pertenecen, y con el Ministerio de Sanidad, el que entienden que debería ser el suyo.