Tras unas semanas de zozobra en los que Junts apretó al Gobierno hasta situar a su presidente, Pedro Sánchez, al borde de un debate sobre una moción de confianza de nulos efectos jurídicos, pero sumamente expresiva sobre la debilidad del Ejecutivo, porque sus socios iban a presentarle al cobro algunas facturas derivadas de sus incumplimientos; con ERC exigiendo el cumplimiento del acuerdo de la quita de la deuda fiscal catalana, que finalmente se concretará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, y con la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat, que llevaba años sin reunirse y que permitirá a Salvador Illa avanzar en el cumplimiento de sus compromisos "con las cosas de comer" en Cataluña, uno y otro respiran aliviados porque con todas esas decisiones ha logrado comprar tiempo a la espera de un nuevo episodio de presión independentista a medida que se acerque el momento cumbre de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, a lo que el Gobierno no ha renunciado. De paso esas decisiones han dejado descolocado nuevamente al principal partido de la oposición que mantiene una férrea oposición a las quitas de deuda, aunque se extienda las comunidades autónomas en las que gobierna y lo soliciten, que mientras cierran filas con el presidente del PP, miran a sus intereses particulares y dudan sobre aceptar, fuera del foco, el caramelo fiscal que les ha ofrecido el Gobierno.
Por supuesto, cada una de esas decisiones tiene su intrahistoria, su lectura evidente y su lectura soterrada. En el caso de Junts, la decisión de abandonar la moción de confianza están las presiones internas y externas recibidas y el hecho de que constituía un fuego de artificio que supondría un punto de inflexión no solo porque con ella Carles Puigdemont quisiera demostrar la desconfianza que tiene en el Gobierno, sino porque también el Gobierno habría dejado de fiarse de Junts, a quien solo quedaría echarse en brazos del PP y de Vox para presentar una moción de censura y dejar en barbecho todas sus pretensiones, desde la amnistía a la presencia del catalán en la Unión Europea, y sobre todo la transferencia de las competencias en materia de inmigración que, imprudentemente, solicitan que sean integrales, -que no permite la Constitución-, por la presión de la ultraderecha independentista catalana. Pero esa es la batalla que condicionará la aprobación o no de Presupuestos Generales del Estado.
Con la rapidez propia de los tiempos actuales se ha pasado a que el centro del debate lo ocupe la quita de la deuda catalana, capítulo que corresponde a los pactos del PSOE con ERC para que Salvador Illa fuera presidente de la Generalitat. Todas las consideraciones sobre esa medida tienen su razón de ser, las de quienes afirman que se mutualiza la deuda, que se beneficia a los peores gestores, que se blanquea el 'procés' o que se compra el alquiler de La Moncloa, pero también la de aquellos que consideran que con el dinero que se van a ahorrar las comunidades autónomas se pueden mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de los ciudadanos.
La cuestión de la deuda no deja de ser un parche que no empece para que se deba abordar la cuestión importante que es la reforma de la financiación autonómica para limitar las consecuencias de la infrafinanciación de muchas comunidades autónomas. Pero ese es un horizonte muy lejano.