Los días se han tornado sombríos en este final de la primavera para los 'riders' segovianos. El regreso a casa de la mayoría de los estudiantes universitarios ha ahogado –especialmente los días laborables– los motores de los repartidores de comida a domicilio, que a mediodía apenas se dejan ver. En la plaza de la Artillería, donde el trasiego de motos de Uber Eats, Glovo y Just Eat suele ser continuo, ahora cuesta encontrar una. «El 'delivery' en verano no funciona», remacha el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse), Jesús Castellanos. Son días difíciles también para los 'riders' porque el ojo de las autoridades se ha posado sobre ellos nuevamente.

La 'ley rider' calmó la polémica sobre la seguridad jurídica de estos trabajadores, pero al menos en Segovia continúan en el punto de mira. El Ayuntamiento reconoció el pasado 25 de mayo que la Policía Local ha intensificado la vigilancia a la que les somete. Durante el mes inmediatamente anterior había realizado 40 inspecciones, había detenido a cuatro 'riders' como presuntos autores de otros tantos delitos contra la seguridad vial por conducir sin carnet y había denunciado a otros tres por conducir motocicletas de 125 centímetros cúbicos con un permiso de conducción de la clase B con una antigüedad menor de tres años.

«Hemos detectado conducta incívicas de conductores de reparto a domicilio en motocicletas», remarca el intendente jefe de la Policía Local de Segovia, Julio Rodríguez Fuentetaja. Una serie de quejas vecinales dieron la voz de alerta. «Las patrullas policiales han comprobado, en sintonía con las denuncias vecinales, que algunos de estos conductores suelen circular con sus motocicletas por zonas peatonales como aceras y zonas restringidas al tráfico, en sentido contrario al habitual, sin respetar los semáforos o una velocidad superior a la permitida», añade Rodríguez Fuentetaja.

Giovanni Nieto comenzó hace seis meses a trabajar como repartidor y asegura que todavía no ha tenido ninguna denuncia. «Trato de hacer las cosas de la manera más correcta que puedo», señala subido aún en su moto y con el casco puesto, a la espera de que salga otro pedido para reanudar la actividad. Las ocho horas que dedica al día se han visto salpicadas en las últimas semanas por conversaciones con otros 'riders' sobre la noticia publicada por todos los medios de comunicación locales de ese aumento de los controles por parte de la Policía Local. «No la he leído ni la he visto, pero sí que he escuchado a compañeros y a algún cliente que había comentado que hablaban muy mal de nosotros. La verdad es que yo no conozco a las personas que han detenido», apunta.

Según fuentes del sector, la Policía Local ha repartido un justificante entre los repartidores que ya han sido inspeccionados, pero no ha servido para calmar los ánimos. «Hay enfado. Nos están persiguiendo y no nos dejan trabajar prácticamente», cuenta Nieto. «A cada rato te están molestando. Por ejemplo, en el Dia de la calle Gobernador Fernández Jiménez no nos dejan entrar y tenemos que recoger muchas bolsas. Si tenemos que dejar la moto a una cuadra… Son cosas que deberían entender también. No queremos hacer las cosas mal, estamos trabajando, y se radicalizan mucho con las normas y a veces nos quieren multar también si estamos parados aquí (en la plaza de la Artillería). ¿Pero cómo vamos a recoger el producto si no?».

El que hasta hace poco era supervisor de la flota de Uber Eats en Segovia, Eduardo Ruiz, vinculó el pasado 9 de junio el cese de la actividad de esta plataforma en Segovia a la presión policial. «Desde hace meses, los repartidores de servicios 'delivery' estamos recibiendo una persecución constante por parte de la Policía Local de Segovia. Esto se debe a que no nos permiten parar en las áreas de carga y descarga cercanas a los restaurantes o domicilios de los clientes, alegando que los servicios de 'delivery' no son carga y descarga. Además, todo esto se intensifica los fines de semana cuando se ponen unas señales de prohibido por toda la ciudad inhabilitando el paso a cualquier vehículo conducido por no residentes», argumenta. El hartazgo de la compañía que gestionaba el 90 por ciento del negocio de Uber Eats en nuestra ciudad ha supuesto la pérdida de empleo para 26 'riders'. «La empresa se ha cansado. Se ha cansado de luchar contra el Ayuntamiento. Lleva 35 flotas en 35 lugares y no hay ninguna ciudad que dé tantos problemas como Segovia», destaca Ruiz.

Stannis Ivanov mantiene su trabajo, vinculado a Burger King, pero comparte las quejas de otros compañeros. «Que te hagan un control como a los coches vale, pero que te paren cada dos por tres para pedirte un papel…», señala en referencia al justificante que recibieron tras la primera inspección. El tiempo es oro para los repartidores más que para nadie. Trabajan con la presión de entregar los pedidos en un tiempo muy acotado, y la prisa es una de sus principales compañeras cada jornada. «Los que reparten en coche lo tienen muy complicado porque en todos los lados está prohibido aparcar. ¿Cómo hace uno entonces? El restaurante está a 'full', se tarda para los pedidos, el cliente empieza a llamar... Uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede, pero también se estresa y pasan cosas que no deberían ser. Uno tiene que tener mucha cautela y cuidarnos. Tenemos que hacer eso bien para que la Policía nos ayude y nos comprenda. Pero han exagerado demasiado con lo que han sacado en la tele. No se puede generalizar», reflexiona Nieto. «Hay de todo. Gente que se mete por direcciones prohibidas, que deja la moto en la acera... Pero eso es cosa de cada uno», abunda Ivanov.

El exsupervisor de una flota de Uber Eats ha intentado buscar soluciones con el Ayuntamiento. Ha registrado escritos y ha llamado a la Policía Local sin éxito. «La solución sería que la ordenanza contemplara los servicios de 'delivery'. Estos tienen que ser vistos como servicios urgentes y sin posibilidad de adaptarse a unos horarios. Y, por supuesto, a los vehículos de cuatro ruedas destinados a repartos a domicilio  y pedidos grandes nos deberían permitir solicitar la tarjeta de carga y descarga porque actualmente la ordenanza municipal no permite el transporte de comida perecedera», remarca Ruiz. La situación es límite para muchos. «Son muchos los compañeros que en la actualidad no saben qué hacer. Les ponen multas por trabajar. He visto algunos casos en los que algunos meses han tenido que pagar más sanciones de lo que han cobrado», concluye.

UN AÑO DE LA 'LEY RIDER'. Se cumple un año de la aprobación de la 'ley rider' y algunas plataformas han buscado fórmulas para esquivarla, según asegura la patronal hostelera española, que hace unas semanas subrayó su «preocupación» por el cambio unilateral de las condiciones de facturación de Glovo. Hostelería de España ha revelado que esa compañía desinforma a sus clientes explicándoles que la nueva norma dispone que los mensajeros son autónomos, cuando en realidad establece lo contrario. También señala que estas decisiones pueden llegar a obstruir los sistemas administrativos de los restaurantes adscritos a su servicio y además, podría situar a las empresas hosteleras como responsables de la contratación y cotización de los trabajadores.

Quizás por eso la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse) trabaja en la creación de una aplicación que sus responsables esperan que está lista tras el verano y que creen que puede contribuir a reducir la dependencia de los establecimientos respecto a las grandes plataformas. «El 'delivery' da un valor añadido a muchos restaurantes y nosotros no podemos estar de espaldas», remarca su presidente, Jesús Castellanos, que en la guerra entre la Policía Local y los repartidores aboga «porque se cumpla la ley».

«No vamos a criticar que se sancione a quien hace las cosas mal, pero no sabemos por qué están haciendo una vigilancia especial», añade Castellanos; «al final todos estamos sufriendo una persecución brutal. Se están haciendo muchísimas inspecciones de trabajo con un afán recaudatorio». El que era supervisor de flota de Uber Eats, Eduardo Ruiz, se queja en su caso también de los métodos empleados en esa vigilancia. «Hay policías acosando a repartidores siguiéndolos durante grandes intervalos de tiempo y dirigiéndose a ellos con chulería y unos modales que dejan mucho que desear», concluye.