El gobierno municipal trabaja para que la declaración de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) esté en vigor «cuanto antes» aunque prevé un periodo de transitoriedad, según  explica el concejal de Movilidad, José Luis Horcajo. La Ley de Cambio Climático de 2021 establecía que los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes, entre los que se encuentra Segovia, tenían que adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación para reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos, entre otras, el establecimiento de ZBE. Esta última figura no se reguló, sin embargo, hasta más de un año después, en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, lo que ha contribuido al incumplimiento de ese plazo por la gran mayoría de ayuntamientos afectados.

El de Segovia, al igual que otros, ha solicitado aplazar la declaración de la ZBE hasta el 1 de enero de 2025 pero Horcajo explica que se trabaja «más rápidamente que lo que nosotros teníamos previsto para avanzar en la contratación de las inversiones necesarias para su implantación, que cuentan con fondos europeos y conllevan unos procedimientos administrativos que llevan tiempo.  

Por ese motivo, este mes ha iniciado de forma paralela una serie de consultas, la previa pública preceptiva por normativa antes de la aprobación de una ordenanza municipal, y otras a través de reuniones sectoriales con colectivos afectados por las restricciones al tráfico que puede conllevar la ZBE.

Tráfico intenso en la calle de San Gabriel, conocida también como "cuesta de la zorra". - Foto: DS

Horcajo recalca que el bloque principal de la futura ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones del municipio se corresponderá con el documento tipo que ha elaborado la Federación Española de Municipios y Provincias y que puede consultarse en la web municipal. El equipo de gobierno introducirá las adaptaciones necesarias y la transitoriedad, que puede llegar en algún caso hasta 2030, en los anexos de ese texto.  

Hasta ahora, representantes del Ayuntamiento han mantenido reuniones con los de organizaciones de comerciantes, hosteleros y el movimiento vecinal y hoy mismo está prevista otra con colegios profesionales. «Estamos escuchando» antes de la redacción definitiva de la ordenanza, explica el edil del Partido Popular, sabiendo que «entre comillas, podemos jugar con esa transitoriedad y adaptabilidad que permite el Real Decreto» y teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Unión Europea también ha ampliado plazos para la eliminación del mercado de los motores de combustión de vehículos.

Entre las inversiones previstas, destaca un sistema digitalizado de gestión de tráfico y de cámaras de control de accesos a la ZBE. En cuanto a la actualización de ordenanzas como la de la ORA, de estacionamiento vigilado en superficie, el concejal explica que en un primer momento, durante el periodo transitorio, no habrá variaciones respecto a las zonas actuales.

Recinto amurallado. El gobierno municipal trabaja igualmente para la delimitación de la ZBE, que se corresponde con el recinto amurallado, en virtud de la memoria técnica elaborada en el anterior mandato corporativo para acceder a la convocatoria de ayudas a su implantación, con fondos europeos, por parte del Ministerio de Transportes.

Horcajo insiste en que «durante un tiempo los ciudadanos van a poder acceder al recinto amurallado con sus vehículos; no es algo que haya que limitar de la noche a la mañana. No todo el mundo que vive en el casco histórico puede comprarse un coche nuevo no contaminante, hay que dar soluciones a toda esa gente».

Sugerencias. Entre las más de 70 sugerencias presentadas durante el periodo de consulta previa, que ha finalizado este jueves, más de la mitad son de vecinos que piden que  se incluya la calle de San Gabriel en la declaración de la ZBE porque consideran que es una vía con exceso de tráfico, lo que motiva problemas derivados de emisiones contaminantes, ruido, atascos, afección a la salud de los residentes y problemas de seguridad vial, incluyendo la de los peatones.

Buena parte de ellas abogan también por regular el tráfico en el entorno del Acueducto, de manera que la avenida de Padre Claret y la propia calle de San Gabriel tengan sentido único, la primera de salida y la segunda de entrada a la zona centro.

Reclaman, además, la prohibición del paso de grandes autocares y vehículos pesados por esta cuesta.

El resto de sugerencias son muy variadas pero un número destacado, sobre todo de vecinos o propietarios de viviendas o negocios del recinto amurallado, reclaman que se tenga en cuenta un sistema ágil de autorizaciones para visitantes (familiares, clientes, servicios, etc.) y que dentro de la zona no haya más delimitaciones de aparcamiento y circulación.

Algunas proponen medidas muy restrictivas, otras mejora del transporte público, aparcamientos disuasorios o tener en cuenta a residentes del alfoz que trabajan en la capital.

Sectores económicos más afectados. La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha presentado un amplio documento, dentro del periodo de consulta pública previa de la futura ordenanza municipal  que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Segovia. Fruto de una reunión de representantes de cinco sectores: transporte, comercio, hostelería y turismo, inmobiliarias y autoescuelas, la primera de sus consideraciones es que «no existe aún un proyecto de  ordenanza, por lo que no nos resulta posible hacer alegaciones».

Sí hace un llamamiento a que las medidas adoptadas no generen un trastorno económico y social, aludiendo al elevado número de sectores afectados, así como también al conjunto de la sociedad.

Reclama FES que se consulte a los diferentes sectores económicos afectados por las futuras medidas, como finalmente se está haciendo con reuniones convocadas desde el gobierno municipal, según han informado el propio alcalde, José Mazarías, y el concejal de Movilidad, José Luis Horcajo.

En este sentido propone adoptar «posibles exenciones, o flexibilizar las medidas para determinados sectores, o tipos de vehículos; o incluso, la adaptación de moratorias».

Para ello la FES ha adjuntado por un lado una instrucción de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología, de la Dirección General de Tráfico (DGT), donde se incluyen una serie de recomendaciones para el establecimiento de moratorias, exenciones y autorizaciones de acceso a vehículos a la ZBE, y por otro la Ordenanza Tipo que ha elaborado la Federación Española de Municipios y Provincias, que también contempla posibles exenciones y excepciones, junto a otras recomendaciones «que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Segovia», concluye la organización empresarial de la provincia.

ASETRA. Por su parte, la Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte aporta, a mayores, una solicitud para conocer el tipo de distintivo ambiental que se exigirá en la ZBE y reclama consensuar las medidas a aplicar en el área declarada para facilitar la distribución de mercancías y el transporte colectivo de viajeros.

La Asociación de Radio Taxi ha pedido libertad de movimiento de los vehículos de esta modalidad de transporte público de viajeros por la futura Zona de Bajas Emisiones.