El Ayuntamiento de Segovia ha elaborado un nuevo reglamento para regular la adjudicación y el uso de las viviendas sociales municipales, teniendo en cuenta que el actual, de 2016, solo aborda los criterios de adjudicación y el gobierno municipal del PP ha constatado que el Ayuntamiento carece de garantías jurídicas para afrontar eventuales problemas por el uso de este recurso, principalmente si se producen conflictos de convivencia o si se utilizan los pisos o viviendas para llevar a cabo actividades delictivas.

Hasta el día 18 de este mes de junio está abierto el plazo de consulta pública en el que colectivos representativos y la ciudadanía en general pueden hacer sugerencias y propuestas a esta nueva regulación.

Antecedentes. La concejala de Servicios Sociales, Azucena Suárez, explica que en 2005 se aprobó el Programa de Realojo Municipal para erradicar infraviviendas en lugares como los asentamientos de chabolas del camino del  Tejerín o de la carretera de Madrona. «Entre los objetivos estaba reubicar a esas personas y procurar su integración social. Lo que ocurre es que con el programa de realojo, que fue aprobado por el pleno, se adquirió el compromiso de un desarrollo normativo que nunca existió y el Ayuntamiento ha ido asumiendo el pago de los arrendamientos mediante un sistema de ayudas a los inquilinos, pero sin soporte legal más allá de la aplicación correspondiente en el presupuesto municipal. Eso ya genera una inestabilidad porque no hay base legal a la que agarrarse o a la que ajustarse, no hay bases específicas que regulen ese realojo y las ayudas».

En 2016 se aprobó el reglamento en vigor, que regula la adjudicación de viviendas sociales «pero no da respuesta ni a la situación del programa de realojo de 2005 ni regula el uso», señala Suárez, quien recalca que ocho años después se ha demostrado insuficiente. La edil incide en la intervención social y en el seguimiento a las familias beneficiarias que recogerá el nuevo reglamento que, después de la consulta pública, será presentado al resto de grupos políticos para que hagan aportaciones antes de someterlo a la votación del pleno.

Esa intervención por parte de los equipos de los Servicios Sociales tiene por finalidad «ayudar a esas familias a superar su vulnerabilidad, que entendemos tiene que ser lo más breve en el tiempo, para que esas personas superen esa situación y puedan participar en la sociedad de una manera plena y absoluta, en igualdad de condiciones que el resto, porque el objetivo de los servicios sociales no es cronificar la vulnerabilidad».

«No se trata de limitar en el tiempo el disfrute de estas viviendas sociales. En esto no hay una fórmula matemática; en unos casos se superará la situación de vulnerabilidad en diez años, en otros en uno o en otros en veinte», apostilla la concejala del PP, quien añade que, obviamente, ese seguimiento incluye el de los pagos del alquiler social y otros servicios de la vivienda y el uso que se hace de ellas.  

Así, el nuevo reglamento prevé que, «cuando no se cumplan las obligaciones previstas en los proyectos individualizados», se pueda poner fin a la concesión del uso de las viviendas sociales.

Solo en 2022 y 2023 el Ayuntamiento ha sido demandado en los tribunales, al menos en tres ocasiones, por propietarios de viviendas sociales debido al impago del alquiler o de suministros de electricidad, etc., además de ocasionar desperfectos en sus dependencias . «Son okupas con el aval del Ayuntamiento», llegó a denunciar uno de ellos.

Son un total de 114 las viviendas sociales de las que dispone el Ayuntamiennto de Segovia: 87 del patrimonio municipal, 19 de la empresa municipal EVISEGO y el resto, 8, privadas.  

Los Servicios Sociales han actualizado recientemente la puntuación de los 95 solicitantes de viviendas sociales del municipio.