La Justicia afronta su tercera huelga en este 2023. Primero fueron los letrados de la Administración de Justicia, después los gestores, tramitadores, auxilios y personal del Registro Civil y del Instituto de Medicina Legal y ahora los abogados y procuradores del turno de oficio, que desde la semana pasada están protagonizando una serie de paros que en Segovia están obligando a suspender juicios, declaraciones, vistas y algunas de las citas del servicio de orientación jurídica que presta el Colegio de Abogados, aunque no hay cifras oficiales.

«Llevo más de 30 años en el turno de oficio y nunca me había planteado la remuneración que recibíamos porque era una cuestión de servicio público y de amor a la profesión, pero ya te lo tienes que plantear porque en algunos procedimientos puedes llegar a realizar 67 escritos antes de que se celebre el juicio. Si  haces números, te sale que estás cobrando a uno o dos céntimos la hora de trabajo», argumenta el abogado Juan Carlos Santa Teresa, uno de los que se ha sumado a la huelga.

Un paro 'sui generis' que no cuenta con el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española, que se ha limitado a difundir la advertencia realizada por el Ministerio de Justicia. «Los profesionales de la abogacía y de la procura que prestan servicios en el turno de oficio no tienen una relación laboral, estatutaria ni funcionarial con el Ministerio de Justicia, por lo que, en el caso de que suspendieran el ejercicio de sus funciones de asistencia jurídica gratuita, tal cesación no estaría amparada por derecho de huelga alguno y llevaría aparejadas las consecuencias disciplinarias oportunas por parte de los respectivos colegios profesionales», ha apuntado el Ministerio.

La huelga está convocada por el sindicato Venia. «No es representativo. Nosotros, el colegio, ni promovemos la huelga ni dejamos de promoverla. Cada uno de los letrados sabrá si realmente puede ejercer ese derecho y en qué condiciones y circunstancias», señala el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja, quien asevera que el seguimiento está siendo «mínimo». «Sí que es verdad que tenemos acordadas en junta general una serie de reivindicaciones que esperamos retomar con el nuevo Gobierno a través del Consejo General de la Abogacía».

El hartazgo es generalizado entre los profesionales y algunos se plantean darse de baja en el turno de oficio. «Lo que nos están pagando es una miseria y el trato que nos están dado últimamente no es bueno por parte de la Guardia Civil. Quieren que vayamos en el momento y hay guardias en las que tenemos muchísimo trabajo y en las que tenemos que ir atendiendo según el número llamadas. Así no puede ser», remarca la abogada Natalia Grande, que cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el turno de oficio.