Una parcela objeto de deseo, una subasta, una solicitud de suspensión y una adjudicación. La Delegación de Economía y Hacienda de Segovia, dependiente del Ministerio de Hacienda, sacó a subasta el pasado 12 de septiembre 23 fincas de diez localidades de la provincia. Una subasta más en principio de las que realiza a lo largo del año este organismo si no fuera porque una de las parcelas por las que se podía pujar había suscitado el interés de un ayuntamiento para construir viviendas públicas y, además, recibió una solicitud de suspensión cinco días después de que se hubiera celebrado la subasta.

Junto a la gasolinera de La Granja hay una parcela de 92 hectáreas que en su día fue propiedad de la Corona y, más tarde, pasó a formar parte del patromonio del Ministerio de Hacienda. Expirado el contrato de alquiler del que disfrutaba una sociedad para su uso como centro ecuestre, el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso solicitó al departamento que dirige María Jesús Montero su cesión para la construcción de viviendas públicas. «Pero el Ministerio nos explicó que estas parcelas que son ociosas, es decir, con las que pueden sacar un rédito económico, tienen que salir a subasta para que opte a ellas quien quiera», ha señalado el alcalde del Real Sitio, Samuel Alonso.

El pasado 12 de septiembre salió a subasta por 2.068.000 euros junto a otras 22 fincas y fue adjudicada a la empresa Sociedad de Amigos de Yeguada de La Granja SL, hasta ese momento arrendataria de la parcela. Cinco días más tarde la Delegación de Economía y Hacienda recibió una solicitud de suspensión de la subasta. El solicitante (cuya identidad no ha trascendido) alegaba que no se había podido acceder –a través de la documentación puesta a disposición de los ciudadanos en la página web del Ministerio– al texto del contrato de arrendamiento que existía hasta ahora sobre la finca.

También reclamaba que la subasta se había llevado a cabo sin la preceptiva depuración exigida por el artículo 136.1 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Este establece que antes de la enajenación del inmueble o derecho real «se procederá a depurar la situación física y jurídica del mismo, practicándose el deslinde si fuese necesario, e inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si todavía no lo estuviese». Sin embargo, la Abogacía del Estado ha indicado que estas alegaciones no desvirtúan la corrección del procedimiento.

Tras la adjudicación de la finca, su futuro es de momento una incógnita. «Hay una pequeña parte que es urbana pero el resto es rústica y eso requiere unos trabajos administrativos que son lentos», ha remarcado el alcalde del Real Sitio, que también ha asegurado que los nuevos propietarios no se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para desvelar sus planes: «No se han dirigido a nosotros jamás ni cuando han sido inquilinos ni ahora como propietarios de la parcela. Hasta ahora lo han utilizado para tener alló caballos y poco más, y doy por hecho que el uso que pretenden ahora es el mismo porque no se han expresado de otra manera.