Yolanda Díaz no atraviesa por sus mejores momentos. Apenas se ha recuperado de los malos resultados electorales en las europeas y ayer, cuando pretendía recuperar la iniciativa política, pegó un traspiés que acabó con sus socios de Gobierno desautorizándola y sus compañeros de partido confirmando el error.

La vicepresidenta del Gobierno comenzó la mañana anunciado un pacto con el PSOE para derogar la ley mordaza, así como retirar las subvenciones públicas a los medios que «vulneren los códigos deontológicos». Unas aseveraciones que no tardaron nada en ser desmentidas y rebajadas desde Moncloa.

El ala socialista del Gobierno ha desautorizado a su vicepresidenta segunda, aclarando que no se derogará la ley, sino que solo se estudiará la modificación de uno de sus artículos. Enrique Santiago, desde Sumar, como portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha terminado de dejar retratada a su jefa, confirmado este punto en una rueda de prensa posterior al anuncio de Díaz.

Fuentes gubernamentales aseguran que la ley mordaza no forma parte del llamado 'paquete de regeneración' que tiene previsto presentar Pedro Sánchez hoy en el Congreso. Más bien, aclaran, que lo que el PSOE y Sumar han acordado es revisar los delitos relacionados con la libertad de expresión en el Código Penal. 

Este asunto encaja en el paquete que Sánchez quiere delinear, al tratarse de la libertad de expresión, pero todo está tan el aire que han alucinado con la contundencia de Díaz en la mañana de ayer, ya que todo no es más que una mera idea; no hay nada avanzado ni mucho menos redactado al respecto.

La improvisación parece que impera, aunque, eso sí, hay que recordar que no es la primera vez que el PSOE ha votado en el Congreso a favor de iniciar el trámite parlamentario para despenalizar las injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos o a las instituciones del Estado. Siempre sin ningún tipo de recorrido.

El escarnio público, las ofensas a España y sus símbolos o en enaltecimiento del terrorismo pueden ser algunos de esos delitos recogidos en el Código Penal que ahora podrían ser objeto de revisión. Todos atañen a cuestiones delicadas, que no pueden pasar a estar desprotegidas de la noche a la mañana.

Hablar de derogación de la llamada ley mordaza son palabras mayores, un asunto que necesita de una mayor precisión parlamentaria y consenso. Tanto fue el dislate de la vicepresidenta que desde su propia formación rebajaron el alcance del anunciado acuerdo, limitándolo a que, en concreto, solo se había hablado de modificar el artículo 36, en lo referente a la toma de imágenes durante una manifestación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.