La reclamación de vecinos de la calle General Gutiérrez Mellado para que el Ayuntamiento regularice e inscriba como propiedad municipal los espacios verdes del perímetro de sus viviendas y, por lo tanto, se haga cargo de su mantenimiento y limpieza, no es un caso aislado. Este mismo año, la comunidad de propietarios de las viviendas de las calles Fuenfría, Malangosto y Cotos, en el barrio de La Fuentecilla-Puente de Hierro, solicitó también al consistorio que procediera a la limpieza de la maleza que, principalmente, se acumula en la zona trasera de los bloques de la calle Malangosto pero la respuesta fue idéntica a la que ofrecieron a los del barrio de Santa Eulalia: no se trata de terrenos municipales y su mantenimiento corresponde a los propietarios.

Algunos vecinos de estas viviendas del Puente de Hierro afirman que hace años se cedieron al Ayuntamiento los espacios verdes que limitan con esta promoción pública construida en la primera mitad de los años setenta del siglo pasado por el Instituto Nacional de la Vivienda, posiblemente una de las últimas que llevó a cabo este organismo franquista suprimido en 1977. Sin embargo, hasta el momento no han encontrado la documentación que lo acredite, por lo que, sin reconocer la propiedad, pero para evitar el riesgo de incendios, han decidido en asamblea asumir el coste del desbroce.  

La situación es distinta en el caso de las viviendas de la calle General Gutiérrez Mellado, donde sí hay propietarios que conservan el contrato de compra-venta, precisamente al Ayuntamiento, que fue su promotor a finales de los años cuarenta para ofrecer una residencia asequible en régimen de alquiler a familias con pocos recursos. Ese documento excluye de la venta «los espacios, terrenos o vías públicas colindantes que rodean el inmueble».

Vecinos de la calle General Gutiérrez Mellado, en la zona verde del perímetro de sus viviendas. - Foto: DS

Sin embargo, los responsables municipales sostienen que los propietarios de estas viviendas «son responsables de los espacios no acerados junto a los edificios, según certifica el Catastro».

Aún así, tanto el alcalde, José Mazarías, como el concejal de Barrios y Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, se muestran dispuestos a hablar con los vecinos «por los cauces adecuados» y critican que hayan acudido a los medios de comunicación para difundir sus reivindicaciones, además de señalar que muy posiblemente estén dirigidos por el PSOE, ya que entre los reclamantes se encuentra «algún familiar de los representantes socialistas» en la corporación municipal. «Creemos que esa no es la forma ni las maneras», sostiene el edil, quien indica que la reclamación que han presentado por escrito junto a 110 firmas será estudiada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Otros casos. En las últimas décadas el Ayuntamiento se ha enfrentado a situaciones similares derivadas de la situación «en tierra de nadie» de espacios libres que se encuentran junto a viviendas de promoción pública construidas en distintas etapas. Ocurrió, entre otros, con los patios del barrio de San José en la primera década de este siglo, hasta que finalmente la Junta de Castilla y León se hizo cargo de los mismos y acometió obras de urbanización antes de cederlos al Ayuntamiento.

Más recientemente, surgió el conflicto con los vecinos de la urbanización residencial de la calle de Anselmo Carretero, en el barrio de San Lorenzo, una promoción ejecutada por la Junta, que cedió los espacios libres al Ayuntamiento en los años noventa pero no se registraron porque faltaba un acuerdo del pleno municipal. Finalmente se llevó a cabo en 2017, no sin que antes los vecinos iniciaran un procedimiento judicial que retiraron tras alcanzar un acuerdo con el gobierno municipal del PSOE.