Los abogados están hartos. La semana pasada se volvieron a concentrar para protestar por los reiterados impagos de sus retribuciones del turno de oficio por parte del Ministerio de Justicia. Y al frente de ellos en Segovia estuvo el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz Gómez (Boceguillas, 12 de diciembre de 1949), que en esta entrevista explica las claves del conflicto con el Estado y analiza las reformas previstas para la modernización de la Justicia. También habla del nuevo edificio de los juzgados de Segovia, de la necesidad de crear un segundo Juzgado de lo Social, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de su  propia continuidad como decano del Colegio de Abogados. Su mandato finaliza el próximo mes de diciembre y dice que no acudirá a la reelección.

¿Han cobrado ya lo que les debe el Ministerio?

Me acaban de comunicar hoy (por el martes) que nos han ingresado el turno de oficio de marzo. Las asistencias a detenidos y por violencia de género ya nos lo habían pagado, así que ahora nos deben abril, mayo, junio y casi julio. También hay algunos expedientes de 2021 que todavía están dando vueltas, pero esa incidencia es poca.

¿Cómo explica que una institución como el Estado, que se supone debe dar ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones, les tenga en una situación así?

23 colegios de abogados y en parte el de Madrid formamos lo que se llama la 'zona ministerio', que no tenemos las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. En lugar de hacer una previsión de gasto en los Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio nos paga el turno de oficio mediante la Ley de Subvenciones, que tiene sus problemas a la hora de justificar el gasto. El circuito hasta que cobramos es mayor. ¿Por qué lo hacen así? Misterios.

¿Qué ocurre con el turno de oficio para que lleve tantos años de penurias, da igual con gobiernos del PSOE o del PP?

Sí que es cierto que el ministro [Rafael] Catalá dio la orden de que nos pagara todos los meses. Esa orden sigue vigente, pero se están retrasando porque el Ministerio ha creado un programa informático llamado Pericles y algunos expedientes que enviamos no son admitidos. Por ejemplo, recibimos un oficio del juzgado de que tiene que ir un abogado a una declaración de un preso del centro penitenciario, pero el preso no rellena muchas veces la solicitud de justicia gratuita para que cobremos. Un porcentaje altísimo de presos cumple los requisitos para acceder a la justicia gratuita, pero el Ministerio dice que agotemos todas las posibilidades para lograr la solicitud. Lo que no puede ser es que tengamos que trabajar para cobrar cuando este servicio lo prestamos encima por minutas mucho más bajas de las mínimas que tienen establecidas los colegios de abogados.

Pero no es la única situación de este tipo que se encuentran.

Nos está pasando también que los bancos están vendiendo deudas hipotecarias a fondos buitre y estos reclaman al ciudadano a lo mejor cinco años después de que se iniciara el proceso. Pues el Ministerio dice que como es de hace cinco años no tiene derecho a la justicia gratuita y tampoco nos lo pagan. También han quitado de los baremos determinados trabajos. Por ejemplo, los servicios de mediación en el SMAC. Ya no nos los pagan y para el ciudadano tienen mucha importancia porque en función de lo que se solicite en el SMAC, la demanda que se va a presentar después va a estar condicionada. Pero estos son solo algunos de los pequeños conflictos que hay. Yo mantengo que los que están en los ministerios son gente quizás preparadísima pero que no pisa la calle y no sabe los problemas que hay.

También piden acabar con las diferencias entre territorios.

La 'zona ministerio' somos la cenicienta, los parientes pobres de todos. Es verdad que cada autonomía tiene sus problemas, pero hay territorios que duplican o triplican lo que nosotros percibimos por el mismo servicio. Por ejemplo, Cataluña, País Vasco o Navarra triplican muchas veces el importe del mismo trabajo que nosotros hacemos. Hay diferencias entre autonomías, pero los de la 'zona ministerio' cobramos peor y menos.

En la protesta ante la Subdelegación del Gobierno de la semana pasada se quejaron de que el kilometraje se lo pagan a 0,19 euros, incluso en el contexto actual de precios disparados del combustible.

Es que llevamos cobrando eso desde hace muchos años. Ni ahora ni cuando la gasolina estaba a un euro merecía la pena hacer kilómetros a 0,19. No daba. No es solo la gasolina, es el mantenimiento del coche, las ruedas...

Con la apertura del nuevo edificio de los juzgados van a ahorrar en desplazamientos. ¿Hay ganas ya de que comience a funcionar?

No sé si nos vamos a ahorrar desplazamientos (risas). Bueno, la previsión es que se inaugure este año y que en el primer trimestre o semestre comience a funcionar. Hay que tener en cuenta que va a haber una reestructuración importante de los juzgados con la creación de la secretaría única. Va a haber determinados funcionarios que van a hacer determinadas cosas en los asuntos que entren. Por ejemplo, se creará una secretaría de ejecuciones y solo harán ejecuciones, otra para tramitación... No se sabe exactamente cómo se va a hacer, pero ya hubo una experiencia piloto hace años en Burgos y hasta que lo solucionaron fue caótico. También en Palencia y los atascos eran importantes. Es algo que tiene decidido el Ministerio y yo creo que sería beneficioso para los juzgados, pero otra cosa es llevarlo a la práctica.

En esos proyectos de ley de modernización de la Justicia también van incluidos los nuevos tribunales de instancia y las oficinas de justicia municipales. ¿Les convencen?

A ver cómo queda reestructurado. No tiene sentido que en cada pueblo haya una oficina de justicia. Ahora hay agrupaciones de municipios y un funcionario de carrera en la cabecera de cada comarca para celebrar conciliaciones y determinadas cosas. Ahora no se contempla los jueces de paz, pero si hay una oficina de justicia y falta una figura con autoridad para resolver los casos… No está claro.

¿Y los tribunales de instancia?

Yo creo que no va a ser tan fácil. Si se opta por concentrarlos en la ciudad, sería hacer más pobres las zonas rurales. Independientemente de que los funcionarios del juzgado vivan en ese pueblo, este se beneficia de la vidilla que llevan. Habrá que verlo cómo queda.

En cualquier caso, mientras eso llega, continúa habiendo necesidades en Segovia, como un segundo Juzgado de lo Social.

Sí. El segundo Juzgado de lo Social está reclamado por activa y por pasiva. Actualmente hay una jueza de apoyo, pero sería importante que se crease. Más que juzgados especializados como el de Violencia de Género. Hay uno que está especializado pero también lleva al mismo tiempo asuntos civiles. Esto ya depende de las reuniones de jueces y de cómo se organizan ellos.

¿Hay algún juzgado que preocupe especialmente por el atasco que arrastra?

Hay atascos en determinados juzgados. No son graves, graves, pero sí tienen atascos en resoluciones. Entran dentro de los cánones, pero un juzgado no puede estar cuatro meses para admitir una demanda. También sucede que en algunos cogen a los funcionarios de la bolsa de trabajo y hasta que aprenden pasa el tiempo suficiente como para que algunos se marchen y dejen el problema al siguiente.

Hace unos días ha finalizado la moratoria concursal. ¿Qué efectos prevé en Segovia?

Puede haber una avalancha de concursos de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil, pero también estamos hablando de Segovia, que no es una gran ciudad industrial. Por tanto, no sabemos lo que sucederá, aunque algún repunte habrá.

Lo que no repunta es la seguridad en los juzgados, sobre todo en los pueblos, donde se tienen que conformar con un videoportero.

En Segovia han ido dos guardias civiles nuevos a los juzgados, pero en total hay cuatro guardias civiles adscritos a los juzgados y el número de sedes es mayor. Y en los pueblos, nada. Ni vigilantes de seguridad. Es una situación kafkiana porque en la mayoría no hay arcos de seguridad y no sabes si está metiendo un cuchillo o una pistola.

Pero cómo se van a resolver estas pequeñas cuestiones si no hay manera de qué se pongan de acuerdo para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En eso entra más la política. El partido que está intenta poner a los suyos. Lo de la seguridad de los juzgados son cosas de andar por casa que no requieren gran política.

¿Qué le parece que continúe bloqueada la renovación del CGPJ?

Mal. Hay muchos expedientes que no se pueden tramitar. Si no hay jueces, no se da salida a recursos de casación ante el Tribunal Supremo. El órgano de los jueces también es importante porque tiene que hacer nombramientos. Tendría que haber una cierta agilidad en todo ello, pero la realidad por desgracia es que no la hay.

Sí que han conseguido que las Navidades vayan a ser inhábiles.

Sí, también se está intentando conseguir para los permisos de maternidad y patenidad, pero aún está en estudio. También tenemos derecho al descanso, aunque el que está de guardia le da lo mismo que sea domingo, sábado, Navidad o lo que sea. Yo he hecho asistencias al detenido el 25 de diciembre. Me acuerdo, además, que me agarré un catarro impresionante porque nos tocó hacerlo metidos en una furgoneta a las puertas de Los Ángeles de San Rafael.

Volviendo al nuevo edificio de los juzgados. ¿Por qué cree que va a ser beneficiosa su apertura?

Porque todos los órganos judiciales van a estar en el mismo edificio. Ahora tenemos que acabar un juicio y llamar a otro juzgado para que nos esperen.

Pero la Audiencia Provincial va a continuar en la calle San Agustín.

Hasta cierto punto me parece bien que la Audiencia, como tribunal superior, esté separada de toda la tramitación. Y Fiscalía también, aunque los fiscales tengan despachos en el nuevo edificio. Las cosas no son buenas o malas por serlo sino en función de cómo las organices. Para los que tenemos más o menos nuestra zona de influencia en el casco histórico, tendremos que ir ahí arriba. Espero que el Ayuntamiento ponga mejores servicios para llegar (risas).

¿El Colegio de Abogados cambiará de sede?

Este inmueble [su actual sede en la calle San Agustín] lo compró el Colegio de Abogados y todavía tenemos una importante hipoteca, y en el nuevo edificio de los juzgados vamos a tener como mínimo dos salas. Que luego necesitemos algo al lado, pues no lo sé. Muchos de los compañeros que estuvieron en la asamblea y votaron a favor de comprar este inmueble ya no están. No sé qué pensarán las nuevas generaciones.

Hablando de tomar decisiones, usted termina su mandato como decano del Colegio de Abogados a finales de este año. ¿Piensa acudir a la reelección?

No me voy a presentar. Es mucho trabajo, responsabilidad, quitar muchas horas a tu propio despacho profesional… El que más y el que menos porque tenemos ayuda en nuestros despachos. Si no, sería imposible. Además, yo tengo una edad para acabar. Desearé lo mejor al que tome los mandos y estaré en todo lo que pueda. Estuve de secretario del Colegio de Abogados de Segovia, fui el primer secretario del Consejo Regional, he estado de vicedecano, luego de decano, también de consejero cinco años del Consejo Regional. Mi granito de arena para la abogacía institucional creo que la he cumplido y con creces. Tampoco hace falta aferrarse al sillón. Hay que dejar paso a gente con otras ideas. Además, los tiempos cambian mucho. Fíjese los  avances en tecnología.

¿Quién le gustaría que le sucediera como decano?

Pienso que va a haber candidatos pero esto es una cuestión muy personal porque te sometes a unas elecciones. Aunque parezca que son las del Colegio de Abogados y que no tienen importancia, todas las elecciones dejan rastro y quereres y malquereres. Pero en Segovia hay gente muy preparada para asumir el cargo. Tanto por antigüedad como por conocimientos. Hay gente más preparada en tecnología de lo que lo pueda estar yo o los que formamos la Junta de Gobierno.