Las empresas en causa legal de disolución han recibido una vida extra. El Gobierno ha decidido prorrogar dos años más la moratoria contable para evitar que tengan que disolverse decenas de empresas por las pérdidas provocadas por la pandemia. El periodo de gracia establecido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez expiraba el 31 de diciembre y su fin hubiera tenido repercusiones relevantes en el tejido productivo de Segovia.

Una empresa entra en causa legal de disolución cuando su patrimonio neto es inferior a la mitad de su capital social. Un escenario al que se vieron abocadas numerosas empresas como consecuencia de la crisis de la Covid-19, que en algunos casos redujo sus ingresos a cero. Esquivar de manera ilícita la disolución puede acarrear consecuencias para los administradores de esas sociedades, obligados a responder de manera solidaria de sus incumplimientos.

La prórroga de la moratoria contable está incluida en el real decreto ley de medidas urgentes en materia económica aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada. El Gobierno ha justificado la adopción de la medida. «Se impone arbitrar un mecanismo que permita que las pérdidas puedan ser absorbidas con la continuidad de la empresa en un plazo razonable, permitiendo que esta pueda sobreponerse y continuar su actividad», dado que las pérdidas no se deben al funcionamiento normal de la empresa», ha argumentado el Ejecutivo.

Este decidió en 2020 que las empresas no tuvieran en cuenta las pérdidas económicas registradas ese año –el del estallido de la pandemia– para determinar si estaban en una situación de desequilibrio patrimonial, en cuyo caso estaban obligadas (antes de la moratoria) a convocar una junta general en el plazo de dos meses y a realizar ampliaciones o reducciones de capital. Uno de los mecanismos disponibles era reducir el capital a cero o por debajo de la cifra mínima legal si simultáneamente se transformaba la sociedad o aumentaba el capital hasta una cantidad igual o superior a la cifra mínima legal.

La moratoria abarcaba también 2021, después el Gobierno la prorrogó a 2022, un año después a 2023 y 2024 y ahora a 2025 y 2026. La patronal de Segovia ha aplaudido la medida. «Dentro de las cosas que está haciendo este Gobierno, esta es una medida positiva sobre todo porque, a las empresas que están en esta situación, alivia esa carga para que las empresas no tengan que destinar necesariamente sus recursos financieros al pago de impuestos, deudas, intereses... Y les da tiempo para reorganizar sus finanzas, renegociar con los bancos y conservar el empleo, que al final es uno de los objetivos que tiene esta medida», destaca el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega.

La pandemia causó estragos a numerosas empresas de la provincia. «No tenemos el dato [de cuántas empresas segovianas estarían en causa legal de disolución], no tenemos el dato, pero sí podemos imaginar –sobre todo por las reuniones y conversaciones que tenemos en FES– que el sector de la hostelería del turismo y el comercio fueron los más perjudicados por los cierres que hubo durante esos meses», señala Ortega, que da algunos consejos a las compañías que estén en esta situación. «Es importante que consigan reestructurar sus balances. que los balances queden siempre en positivo y que tengan en cuenta que esto no deja de ser una moratoria. Que es una solución que en este momento vuelva a poner el Gobierno sobre la mesa, pero que la solución al final está en nuestra en nuestras cuentas de resultado».