Las protestas de agricultores y ganaderos en Francia y en otros puntos de Europa como Italia, Bélgica o Polonia han prendido la mecha de un conflicto que se ha extendido a España y que tiene una compleja solución por su baja rentabilidad.
Las duras imágenes de sabotajes de los agricultores galos a los camiones españoles, la quema de sus cargas, los remolques volcados por tractores y el vaciado de cisternas de vino ponen de relieve la magnitud de un conflicto que enfrenta a los productores comunitarios, que se acusan de competencia desleal y exigen tanto a sus gobiernos como a la propia Unión Europea soluciones para sus negocios con la idea de que su «quiebra» traerá el «hambre» de los ciudadanos.
Una realidad que el sector primario español comparte, pero que no ha impedido que los productos españoles paguen los platos rotos del boicot en Francia, después de que el primer ministro galo, Gabriel Attal, considerara que parte de los problemas de su agricultura se derivan de la «competencia desleal» de otros socios de la UE, como España e Italia.
Acto seguido, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, censuró esas palabras, duramente criticadas por las principales organizaciones agrarias nacionales, respondiendo con el argumento de que «las normas de producción y comercialización son similares en todos los países miembros y todos las aplicamos igual; por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada de la aplicación de normas distintas». Planas tildó de «inadmisibles» los ataques al transporte de productos españoles y reclamó al Gobierno de Macron que garantice la libre circulación.
También Bruselas recordó al Ejecutivo galo que los Estados miembros deben tomar «todas las medidas necesarias y proporcionadas para asegurar la libertad de mercancías», advirtiendo que «la Comisión evaluará la respuesta de Francia y tomará las medidas apropiadas si es necesario».
Lo que parecía un asunto crítico, propio del campo francés, no tardó en contagiarse al suelo español, donde las organizaciones Asaja, COAG y UPA anunciaron la convocatoria de un calendario de movilizaciones en todo el país, con una gran concentración en mayo para exigir cambios en las políticas de la UE, una menor burocracia a la hora de gestionar las ayudas, un plan de choque del Gobierno español y actuaciones eficaces frente a la crisis que vive esta actividad.
Los sindicatos agrarios mayoritarios españoles denunciaron «la frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y la asfixiante burocracia que generan las normativas» y exigieron «soluciones inmediatas» para abordar los problemas derivados de la sequía, la guerra de Ucrania y la PAC.
En relación con la Unión Europea, el campo español denunció la «competencia desleal» y la lucha de los productores frente a un mercado «desregulado» que importa de terceros países «a bajo precio» y con normativas desiguales, «una contradicción e hipocresía» que pone en jaque miles de explotaciones. Además, reclamaron la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales, con el fin de que los precios de los productos del campo cubran los costes de producción y se termine la especulación que actualmente existe en los lineales de los supermercados ante los numerosos intermediarios que intervienen y que se llevan los mayores beneficios.
La PAC, en el punto de mira
El problema de fondo para el sector es la actual Política Agraria Común (PAC), cuya campaña 2024 se inició el pasado 1 de febrero. Los agricultores y ganaderos apremiaron a Bruselas a que se «flexibilice» y «simplifique» la ley, pues el sector considera «inasumible» su burocracia y los costes ambientales.
La clave del conflicto está en gestionar bien las reivindicaciones del campo que se repiten en Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, Grecia, Polonia, Rumanía, Lituania, Francia y España, y dar garantías a un gremio fundamental que alimenta a la población y que no impida el tránsito de productos con asaltos vandálicos ni enfrentamientos entre productores con las mismas leyes.