Castilla y León alcanzó en 2022 las 7,73 plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años y encabeza la ratio autonómica, al situarse además casi en el doble que la media nacional, que es de 4,11 plazas. En este sentido, la Comunidad supera en 17.234 las plazas la ratio de mínima de cinco, según el informe de residencias de mayores 2022, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y recogido por Ical.

La Comunidad contabiliza así 48.791 plazas en total, si bien cuatro de cada cinco corresponden a financiación pública, con el 79,6 por ciento del total, una ratio que en el conjunto del Estado desciende hasta el 67,9 por ciento, con 270.702, frente a las 127.873 exclusivamente privadas. Ello incluye plazas en centros públicos, plazas

concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana.

En España, solo seis comunidades cumplen la ratio mínima de cinco plazas. Además de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias y La Rioja. Esto indica que son necesarias, según la Asociación, 85.814 plazas residenciales más para alcanzar la ratio de cinco plazas en España, que actualmente cuenta con 398.575.

Por contra, las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía y la Comunidad Valencia, con 32.670 y 24.843, respectivamente. Igualmente, el resultado a nivel nacional es un mayor déficit de plazas residenciales año a año: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del cinco por ciento, en el último año este déficit alcanza las 85.814.

Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 30.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III). Según los últimos datos oficiales (Estadísticas SAAD. Diciembre 2023. IMSERSO) hay en lista de espera de ser atendidas 71.776 personas con Grado II y III, más 61.721 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 133.497 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, un 26,3 por ciento de los grados III y un 16,3 por ciento de grado II demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o una prestación económica vinculada a ese servicio. De ahí la estimación de que serían necesarias unas 30.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia.