Presentan recurso en el juzgado por el futuro ferial del CAT

G. A.
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El equipo de gobierno municipal del PP niega un cambio de uso con una modificación urbanística aprobada solo inicialmente por el pleno del Ayuntamiento y sometida a información pública

Terrenos del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) en la zona del edificio CIDE. - Foto: Rosa Blanco

Tres propietarios de los terrenos del CAT (Círculo de las Artes y la Tecnología) han presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia contra una modificación urbanística aprobada en octubre por el pleno del Ayuntamiento que implica una ordenación detallada del espacio donde el actual gobierno municipal quiere construir un aparcamiento con otros usos «alternativos» como un ferial o la celebración de ferias comerciales.

Lo hacen porque consideran que se ha cambiado la finalidad de los terrenos que les fueron expropiados y, además solicitan la suspensión cautelar de esa medida hasta que no haya resolución firme.

Según el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, con la citada modificación urbanística se trata de desarrollar el plan maestro del CAT que elaboró la oficina del prestigioso arquitecto británico David Chipperfield. El edil del PP asegura que «hemos tenido muchísimo cuidado en no modificar ese master plan» para evitar precisamente dificultades económicas sobrevenidas con los propietarios de los terrenos donde el único edificio construido es el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial y Administrativo (CIDE).

Además, este responsable municipal recalca que «con todo el respeto a cualquier ciudadano que defiende sus intereses como considere oportuno, lo que ocurre es que el Ayuntamiento ha hecho una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y está aprobada solo inicialmente, no de forma definitiva, y se encuentra en periodo de información pública en el que se pueden presentar alegaciones».

Insiste González-Salamanca en que «no hemos cambiado ni la finalidad ni el destino de los terrenos, por mucho que se quiera decir lo contrario» y añade que «el planteamiento nuestro es que si se hubiera resuelto esto y se hubiera pagado lo que había que pagar a los propietarios no tendríamos ahora estos problemas». Recuerda el concejal que los mismos propietarios reclamaron en su momento la expropiación de su parte del terreno y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia admitió parcialmente su pretensión en 2022, de manera que este asunto se encuentra todavía en la fase de ejecución de sentencia y el Ayuntamiento ha consignado ya en la Caja General de Depósitos «la cantidad que estimamos se debe pagar y creo que hay poca discusión con eso más allá de lo que decida el juez».

González-Salamanca dice que la cantidad total de expropiación supera los 50.000 euros pero la ahora consignada es de 15.000 porque anteriormente ya se había realizado un pago. Sin embargo, la reclamación económica al Ayuntamiento era inicialmente de 551.338 euros - 183.779 por cada una de las tres partes interesadas, incluyendo justiprecio y premio de afección -, así como los intereses legales por la demora de la primera reclamación, que data de 2016.

La Comisión Territorial de Valoración fijó en 3.900,76 euros el justiprecio en 2022.