Entre gritos de «Mazón dimisión», el presidente de la Comunidad Valenciana sorteó la moción promovida por Compromís, en la que pedía su renuncia, gracias al apoyo de un Vox convertido, pese a romper el pacto de gobierno el pasado julio, en el principal baluarte de un defenestrado Mazón. Los socialistas, como era previsible, votaron en favor de la moción dando como resultado 52 votos en contra por 41 a favor de la propuesta, reflejo de la actual política de bloques que, de alguna manera, va a presidir la refriega a la que vamos a asistir en las próximas fechas en forma de estériles comisiones de investigación en torno a la dana. Un pleno bronco en el que Mazón, poco prolijo en respuestas, volvía a apuntar a la Confederación Hidrográfica del Jucar y a la Aemet. De momento, no es necesario remover muchos papeles para constatar una evidencia, la debilidad de un dirigente que, salvo sorpresa, estaría escribiendo su epílogo político. Este jueves, cerca de 200 personas pidieron su dimisión en las puertas de Les Corts Valencianes. Tampoco le son favorables las pesquisas del juzgado de Catarroja a raíz de la querella de la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia. «Los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí», argumentaba este miércoles la jueza instructora.
Llegados al punto de la judicialización del caso, hay que poner en cuestión la utilidad de las comisiones de investigaciones, más allá de promover los intereses partidistas y añadir más dolor a los afectados a través del circo político. Cabe preguntarse si estos foros políticos, tal como están planteados, son los idóneos en aras a conocer la verdad de lo acontecido cerca de cuatro meses de un suceso que se llevó la vida de 224 personas, dejó tres desaparecidos y cuantiosos daños materiales pendientes de reconstrucción en los que habría que poner el foco.
De momento, la comisión de investigación promovida por el PP en el Senado ha abierto un nuevo frente con Gobierno central. Los de Feijóo, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, solicitaban esta semana la comparecencia de Pedro Sánchez y de varios ministros, obviando a cargos de la Generalitat salvo a Carlos Mazón, por petición propia. Una jugada para tratar de desgastar al Ejecutivo central que se le puede volver en contra al PP dado lo controvertido de la figura del presidente valenciano. No obstante, desde filas socialistas ya han ampliado el abanico que incluye a la consejera cesada por Mazón, Salomé Pradas, y a la periodista Maribel Vilaplana con la que compartió mesa y mantel el fatídico 29 de octubre. A mayores, otra comisión de investigación promovida en Les Corts y otra registrada por Sumar, ERC, Junts y Podemos para el Congreso. Una 'sobredosis' de comisiones parlamentarias que lejos de poner negro sobre blanco a los hechos solo aportan más ruido político en la batalla por imponer el relato.