La percepción de que los políticos obtienen beneficios a costa de los ciudadanos es una preocupación generalizada. Para abordar este problema, algunos países han implementado mecanismos independientes como comités salariales para determinar los salarios y reducir la influencia directa de los propios que legislan en este proceso. Para mantener la confianza pública es fundamental la transparencia en las decisiones salariales y la rendición de cuentas, cuestioned clave. Todo esto al hilo del reciente incremento salarial que han acordado los miembros de la Mesa del Senado a propuesta del vicepresidente primero Javier Maroto. Los cuatro integrantes del PP y los tres del PSOE, han pactado sumar a su salario a partir de ahora los complementos por ostentar algún cargo en las comisiones parlamentarias de la Cámara, por lo que su sueldo se incrementará entre un 8 y un 13 por ciento, entre unos 11.000 y 16.600 euros brutos más al año, dependiendo de la función. Acuerdos fáciles, cuando se trata de un beneficio propio y directo, se "dispara con pólvora ajena". Muy a la contra cuando se necesitan consensos necesarios para la población y se convierten en negociaciones tensas, farragosas y partidistas. En este caso, los colores se fusionan con gran facilidad. Hasta ahora era incompatible ser integrante de la Mesa del Senado y recibir el complemento que reciben los cargos en las comisiones parlamentarias en la Cámara Alta, a excepción del presidente de la institución. Con este pacto, por ejemplo, el vicepresidente primero del PP, Javier Maroto, llegará a cobrar 152.054 euros brutos anuales y, por su arte, Guillermo Fernández Vara, del PSOE, 146.519 euros. No parece muy ético que en los momentos actuales, cuando la cesta de la compra está disparada, o acceder a la vivienda se ha convertido en un artículo de lujo, que nuestra clase política, mucha por cierto, maneje estas decisiones a su antojo,  muy alejadas de la media de los sueldos que percibe la población a la que dicen representar.