El juez asegura que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Begoña Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial" presentada por Manos Limpias por tráfico de influencias, en relación con sus presuntos vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.
En un auto, recogido por Europa Press, el instructor Juan Carlos Peinado contesta así a Gómez y la Fiscalía, a quienes estima parcialmente sus recursos, sin dar mayor detalle de los contratos que sí investiga en la causa que dirige en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.
En el marco de su respuesta, el juez asevera que "siempre" ha tenido presente "en todos los procedimientos" el derecho a la tutela judicial efectiva para "evitar que se pueda producir indefensión" o una "investigación prospectiva".
Peinado insiste en que investiga "todos los hechos, actos, comportamientos y conductas llevadas a cabo, derivadas de la relación existente entre la investigada y el empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul, de las que tan solo una parte se ha convertido en la adjudicación de diversos contratos, a empresas del citado" empresario, "y algunos y no todos esos contratos han sido financiados con fondos europeos", que es lo que investiga la Fiscalía Europea.
El juez recuerda, además, que ahora también tiene sobre la mesa la querella de Hazte Oír contra la esposa del presidente del Ejecutivo, pero no precisa los hechos que ha acordado investigar en su juzgado relativos a dicha querella.
Con todo, el instructor incide en que no tiene obligación de informar a Gómez antes de tomarle declaración como investigada. De momento, el juez tiene intención de interrogarle el viernes 5 de julio. Ese día, Gómez podrá contestar a las preguntas del juez o acogerse a su derecho a no declarar.
El auto de Peinado tiene lugar después de que la defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, y la Fiscalía pidieran al juez que aclarase qué hechos conforman la causa que investiga después de que la Fiscalía Europea asumiera la parte relativa a la adjudicación --por parte de la entidad pública Red.es-- de los contratos financiados con fondos europeos a la UTE constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley.