Han sido siete las sugerencias presentadas por propietarios y vecinos de las calles La Dehesa y General Santiago, en el barrio de Santa Eulalia, al nuevo reglamento municipal que regulará la adjudicación y uso de viviendas sociales y todas ellas 'pintan' un panorama desolador con graves problemas de convivencia de los que culpan a la mayoría de inquilinos del Ayuntamiento, muchos de ellos beneficiarios del programa 'Realojo' que se llevó a cabo hace casi dos décadas para erradicar los asentamientos de chabolas del Tejerín y carretera de Madrona.
Una de esas personas califica de «gueto» esta calle de La Dehesa y cuenta que su familia se instaló allí en 1962, cuando las viviendas estaban ocupadas por familias trabajadoras, en muchos casos de empleados municipales, y explica que entonces era «un espacio rodeado de naturaleza» y las mujeres «bajaban a lavar la ropa», tarea que desempeñaban con canciones de alguna zarzuela, por ejemplo. Un ambiente idílico que se trastocó con ese «realojo de familias con unas necesidades especiales», aunque ironiza con lo de 'especiales' al afirmar que el tiempo ha demostrado que muchos de los inquilinos de las viviendas municipales son personas «especialmente insolidarias, incívicas y, sobre todo, especialmente racistas».
Al igual que otros vecinos de esta zona, informa de que hace aproximadamente dos meses las comunidades de propietarios de las viviendas de los números 3, 5, 7 y 9 de la calle de la Dehesa realizaron obras para sanear y pintar paredes, alicatar los portales, cambiar puertas e instalar porteros automáticos. «Les invito a comprobar el estado de las paredes cuando las obras no tienen ni dos meses de antigüedad», apostilla, y añade que hace unos días fue necesario desatascar las bajantes del patio trasero de esos bloques residenciales porque es utilizado como vertedero, ya que se arrojan «toda clase de objetos por las ventanas, muebles incluido».
Las sugerencias dirigidas al Ayuntamiento durante el periodo de consulta pública del nuevo reglamento, que finalizó el día 18, afirman que han convertido ese patio trasero y otras zonas comunes en un basurero, que hay un punto de venta de droga en la calle y una ocupación de la vía pública por vehículos, en algunos casos de desguace, abandonados durante más de dos años, y la han convertido en un taller «donde reparan, limpian y hacen operaciones de compraventa».
No es la primera vez que vecinos de estas calles denuncian problemas de convivencia como ruidos y trapicheo, así como inseguridad, lo que ha llevado, aseguran, a la devaluación de las viviendas en el mercado inmobiliario. Así lo han transmitido a través de la asociación de vecinos del barrio en varias ocasiones y en El Día de Segovia hace menos de un año, el pasado noviembre, cuando lanzaron un SOS y denunciaron desatención de los responsables de organismos públicos.
Por eso han recibido bien la regulación del uso de las viviendas sociales municipales ahora en trámite y hacen propuestas como la reubicación de los beneficiarios del programa de realojo en diferentes barrios para evitar guetos, revisión y control de la asignación de este recurso, penalizando con el desalojo a quienes inclumplan normas básicas de convivencia, programas de integración social y comunitaria, refuerzo de la seguridad y la limpieza viaria y mantenimiento y mejora de las viviendas y lugares comunes.
Altercados en Hontoria. Entre las sugerencias recibidas durante el periodo de consulta pública, la Asocación de Vecinos San Vicente, del barrio de Hontoria, ha presentado una donde alerta de que «la convivencia en el pueblo se ha alterado considerablemente, puesto que la familia que ha ocupado últimamente una de las viviendas municipales no respeta las condiciones mínimas de convivencia en el pueblo, lo que ha provocado algún altercado de orden público, así como el destrozo continuo del mobiliario urbano y el entorpecimiento de la circulación por la calle de San Antonio, calle Costanilla y calle de la Fragua, que son vías públicas colindantes».
Por ese motivo, al que se suman otros problemas de convivencia generados por otros beneficiarios desde hace años, según apunta el presidente de este colectivo vecinal, solicita que «pudieran descalificarse de 'carácter social» las viviendas para incorporarlas al mercado libre de arrendamiento y puedan ocuparse «por familias que no reúnan los requisitos para ser adjudicatarias de viviendas sociales».
Además, la asociación considera que el Ayuntamiento debe dar «absoluta preferencia al arrendamiento y uso de esas viviendas a personas que sean del pueblo; es decir, que tengan familia en el pueblo, sean descendientes de personas del pueblo, hayan vivido durante un buen número de años en el pueblo, etc.; en definitiva, que tengan arraigo con el pueblo».
Por último reclama al Ayuntamiento vigilancia e inspección continua, dentro de sus posibilidades, «a fin de que los adjudicatarios de estas viviendas no incumplan las normas de convivencia y no provoquen daños en el mobiliario» y, cuando se produzcan, rescinda el contrato de arrendamiento y uso.