Las tensiones internas entre los miembros del Gobierno de coalición han aumentado desde el comienzo del año. Ello evidencia la compleja situación de la alianza, en especial con Yolanda Díaz, acusada en ocasiones de ser una mera comparsa dentro de esta particular entente. También la de su partido, Sumar, inmerso en un proceso de reestructuración a nivel ejecutivo y, además, cada vez más castigado en las encuestas. Según el último barómetro del CIS de enero, el bloque de izquierdas ha vuelto a encadenar una potencial pérdida de votos y la amenaza de un éxodo de electores hacia un viejo conocido como Podemos acecha ya en el horizonte. Por ello, la dirigente, en lo que parece ser una situación cada vez más límite tanto para ella como para el PSOE y Pedro Sánchez, se ha visto obligada a dar un golpe sobre la mesa para no perder ni voz ni protagonismo, aunque haya implicado, en más de una ocasión, chocar de manera frontal con el que es su principal socio.
La vicepresidenta segunda y la otrora líder del propio Sumar (actualmente solo es militante y el bastón de mando de la plataforma está en manos del Grupo Coordinador) está decidida a mantener un perfil alto y a hacerse notar en la defensa de sus intereses. Un problema añadido si cabe para el líder socialista, que está viendo como una de sus fieles escuderas no está por la labor de pasar de puntillas.
El último de sus encontronazos ha llegado con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 1.184 euros mensuales por 14 pagas. Lo que parecía que iba a ser una noticia positiva para el Gobierno acabó en un choque dialéctico a nivel público, pocas veces visto, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El motivo fue la decisión por parte de Hacienda de obligar a tributar por IRPF a los trabajadores con este sueldo. Díaz no se arrugó. «Nos hemos enterado por la prensa», lamentó la coruñesa sobre la falta de debate entre Trabajo, su departamento, y el que dirige María Jesús Montero.
Pese a algunas fuentes aseguran que la militante de Sumar conocía este escenario ella lo negó y contratacó registrando una proposición de ley para revertir esta medida, algo a lo que previamente se habían adelantado tanto el PP como Podemos. Queda por ver si su órdago acaba en victoria en el Congreso o antes llega a un acuerdo con los socialistas.
Pero no es la única confrontación que ha iniciado la integrante de Sumar. A inicios de año, otro enfrentamiento tuvo a ella y al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como protagonistas principales.
En esta ocasión, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales (otra de las proposiciones estrella abanderadas por Díaz) fue el punto de fricción entre ambos. El malestar de la vicepresidenta segunda fue, incluso, aún más sonado, al acusar al propio Cuerpo de ser casi «mala persona» al ponerse «al lado de la patronal».
Las desavenencias eran evidentes. Pero la sangre no llegó al río. Los dos integrantes del Ejecutivo acordaron la aprobación de esta medida en el Consejo de Ministros por la vía de urgencia, tras llegar a un acuerdo en la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Del roce, la política gallega pasó al cariño. O, más bien, al «mucho amor», como definiría posteriormente en rueda de prensa las conversaciones mantenidas con su compañero. En cualquier caso, la pelota cayó del lado de la ministra que, además, logró que el texto respetase lo acordado con los sindicatos.
Semejanza
El tiempo ha demostrado que, al igual que Sánchez, Díaz también cuenta con su particular manual de resistencia. Paradójicamente, ostenta un cargo de enorme importancia pese a haber dimitido como líder de la formación izquierdista hace solo un año, tras la debacle de las elecciones europeas.
Sin embargo, la posible amenaza de un adelanto de comicios, así como la fragilidad que por momentos exhibe el Ejecutivo de coalición, ha provocado que la nacida en Fene reclame su espacio, quién sabe si en vistas hacia un hipotético escenario temido por la alianza.
De hecho, esta situación ha provocado que la lista de desencuentros con el PSOE haya aumentado en los últimos tiempos. La cesión de competencias a Junts en inmigración es un ejemplo de esto último. La ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas, anunciado por el presidente, también ha generado fricciones entre ambas partes.
Y todo hace indicar que no serán las últimas. Yolanda Díaz ya ha dejado claro que, más allá del lógico escenario de estar obligada a transigir con ciertas concesiones que el PSOE ha hecho con algunos de sus socios, le gusta hacer las cosas a su manera. No aceptó de buena gana cuando Pablo Iglesias la designó como sucesora de un Podemos que ha acabado relegado al Grupo Mixto y rompiendo relaciones con la coruñesa. Y, pese a las apariencias, tampoco parece dispuesta a asumir un rol secundario dentro de un Ejecutivo tambaleante. Este 2025 es la prueba de ello.