La comisión del caso Trípode no acaba con las críticas

DS
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PP y Cs insisten en que la concejala de Cultura debe dimitir por "el dedazo" en la adjudicación del festival de cine europeo, el PSOE sigue defendiendo que la condena judicial sólo se debe a "un error administrativo" y Podemos cree que es político

La concejala de Cultura, Gina Aguiar, en la rueda de prensa que ofreció el viernes 5 de marzo para dar explicaciones sobre el caso Trípode.

Dos horas y media se prolongaba este viernes la comisión extraordinaria de Cultura convocada por el Gobierno municipal para dar cuenta ante los demás grupos de su versión sobre el caso Trípode, pero las explicaciones ofrecidas por la concejala de Cultura, Gina Aguiar, no han convencido a la oposición. PP y Cs siguen pidiendo su dimisión, mientras Podemos-Equo, que fue el que pidió esta comisión, de momento pide tiempo para revisar la documentación facilitada, aunque el grupo naranja ya acusa al morado de haber facilitado "un lavado de cara" para el PSOE, "previamente acordado" entre ambos, además de afear el "silencio atronador" de IU, socio de gobierno del PSOE.

El conflicto se remonta a finales del verano pasado. El PP denunció presuntas irregularidades en la adjudicación de la organización de la Semana de Cine Europeo 2020 (antes Muces) a una asociación de reciente creación (Trípode Cultural), edición que no se celebró finalmente por la covid. Habló de "dedazo" por considerar que la Concejalía de Cultura había fraccionado el contrato para que ninguno de los trabajos relacionados con la organización superase los 15.000 euros, de forma que no estuviera obligada a convocar un concurso público. Y la semana pasada, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia estimó íntegramente la demanda del PP, consideró el contrato nulo de pleno derecho y condenó en costas al Ayuntamiento. La sentencia no admite recurso ordinario, pero el PSOE cuenta con llevar el asunto al Tribunal Supremo; una pérdida de tiempo y dinero que no cambiará el fondo de la sentencia, según el PP.

LA VERSIÓN DEL PSOE. Aguiar entregó un dosier con documentación relativa al expediente a los representantes de los grupos municipales, "la misma documentación que se entregaba en su día al juez (tras la denuncia presentada por el PP) y al propio Partido popular", destacó el gabinete de Alcaldía en un comunicado remitido tras la comisión, que se celebró a puerta cerrada. "Gina Aguiar se ha reafirmado en todo lo dicho hasta el momento. En primer lugar, ha reconocido el error administrativo advertido en la sentencia y ha vuelto a explicar que desde el servicio de Cultura no se ha entendido en ningún momento que hubiera un fraccionamiento de contrato, sino la prestación de distintos servicios necesarios para la correcta organización y funcionamiento de la muestra de cine".

El portavoz del PP, Pablo Pérez, junto al concejal Marcos Sandulli, en su comparecencia tras la comisión extraordinaria por el caso Trípode.El portavoz del PP, Pablo Pérez, junto al concejal Marcos Sandulli, en su comparecencia tras la comisión extraordinaria por el caso Trípode.

"Por indicación de los técnicos municipales, el Ayuntamiento se dirigirá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para conocer cómo se debe actuar y qué documentación deben incluir los denominados contratos menores (aquellos cuya cuantía no puede alcanzar los 15.000 euros); y por recomendación del gabinete jurídico se presentará recurso de casación en el Tribunal Supremo ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia, debido a que esta resolución afectará a todos los ayuntamientos que en su mayoría no incorporan la documentación requirida por el juez", prosiguió el gabinete.

Asimismo, Aguiar anunció que los presupuestos municipales de 2021 incluyen una partida para incorporar técnico de la Administración General que "reforzará el trabajo que desarrolla la Concejalía en cuestiones jurídicas y administrativas". La alcaldesa, Clara Luquero, por su parte, insistió en que considera "absolutamente desproporcionado" pedir la dimisión de la concejala de Cultura "por un error en un procedimiento administrativo".

LA VERSIÓN DE LA OPOSICIÓN. El PP insistió tras la comisión en que Aguiar "debe dimitir". "Sus explicaciones no han servido para que los populares cambien de opinión ya que “es inadmisible que este tipo de prácticas se lleven a cabo en un Ayuntamiento”, según afirmó el portavoz popular, Pablo Pérez, quien considera que "no se puede intentar maquillar la realidad que ha reflejado la sentencia" del Juzgado de lo Contencioso. “Lo que la justicia ha dicho es irrefutable”, recalcó.

Noemí Otero, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, explica la posición de su partido ante el caso Trípode tras la comisión extraordinaria.Noemí Otero, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, explica la posición de su partido ante el caso Trípode tras la comisión extraordinaria.

Según el viceportavoz popular, Marco Sandulli, la Comisión Extraordinaria de Cultura "ha sido decepcionante porque se han dedicado a justificar sus errores sin pedir disculpas en ningún momento por la gestión realizada". “Se acaba de dictar una sentencia firme en la que se corroboran las irregularidades que habíamos detectado en el proceso de adjudicación del contrato de dirección del Festival de Cine y el Partido Socialista y la concejala de cultura lo han vuelto a negar. En vez de asumir responsabilidades se amparan en que han sido pequeños errores administrativos cuando el juez acaba de anular el contrato porque son errores graves”. Sandulli destacó que el juez subraya en la sentencia que los trabajos se solapan, lo que indica que "la fragmentación es indiscutible".

Los populares creen que Gina Aguiar ha incurrido en varias contradicciones entre lo que se declaró en sede judicial y lo que se informó en sede municipal. "Tampoco ha sabido demostrar la solvencia profesional de la Asociación Trípode Cultural para dirigir el Festival y consideran que no es suficiente que haya dicho que fue el vicerrector de la universidad quien le presentó a sus componentes o que haya aportado sus curriculums". Añadió Sandulli que el informe del secretario lo que aporta es una garantía legal a la hora de contratar y con respecto al recurso de casación, quiso "dejar claro que no modificará en ningún caso lo que indica la sentencia", y que lo que va a suponer este nuevo proceso es "un coste añadido a las arcas municipales y, con ello, al bolsillo de todos los segovianos". “No tenemos por qué seguir soportando la mala gestión de la concejala de cultura”, indica Sandulli. “Los políticos deben asumir la responsabilidad de sus errores de gestión”.

Pablo Pérez, mientras, volvió a insistir en que hay que ser críticos y exigir responsabilidades, y pidió al resto de grupos políticos que "no sean cómplices" de este tipo de actuaciones y exijan también la dimisión de la responsable del área de Cultura. “La propia alcaldesa, Clara Luquero, debería ser la que cesara a Gina Aguiar por estas malas prácticas”.

“Estamos a favor de proyectos culturales de calidad como la Muestra de cine Europeo, evento con 14 años de trayectoria y un nombre dentro del mundo del cine, pero lo que es intolerable y no se puede permitir son malas prácticas en la gestión de los contratos. La Concejalía no está siendo gestionada con la transparencia que debería, por lo que seguimos pidiendo la dimisión de la Concejala de Cultura, Gina Aguiar”, concluyó Pérez.

UN "LAVADO DE CARA". “La comisión extraordinaria de Cultura ha sido un lavado de cara previamente acordado por PSOE y Podemos”, añadió la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero. En este sentido, recordó que la comisión fue convocada voluntariamente por la concejala, solo dos horas después de que Podemos la pidiera, un hecho que, a juicio de la edil naranja, "suena a cambalache entre el equipo de Gobierno y su socio necesario para pasar página de todo este asunto con una comisión”.

Otero advirtió que al inicio de la reunión les fue entregada “una cantidad ingente de documentación que asumimos como una falta de respeto absoluta a los miembros de la comisión", al habérseles impedido un tiempo de estudio y valoración previo, "y contrario al principio de transparencia”.

Asimismo, señaló que durante la comisión “se ha incidido recurrentemente en que siempre se trató de un contrato menor”, obviando que fueron varios los contratos por un objeto igual o similar -tal y como reza la sentencia-. “Por tanto, debería haber sido una licitación pública del contrato completo para no incurrir en esta irregularidad de la fragmentación de contratos”.

“Este equipo de Gobierno siempre se parapeta en los técnicos para no asumir sus responsabilidades. Toda dirección técnica está bajo una dirección política, de lo contrario, el equipo de gobierno puede marcharse a casa ya porque no pintan nada”, esgrimió para rebatir los argumentos del PSOE acerca de que se debe a un “error administrativo”.

Además, la portavoz de Cs enfatizó en que “el recurso de casación es una huida hacia delante de la alcaldesa para dilatar los tiempos, evitar reconocer que se actuó mal y asumir las responsabilidades correspondientes”.

En el transcurso de la comisión, la formación naranja realizó preguntas como cuántas veces han procedido con este mismo modus operandi para la contratación de actividades y eventos culturales o cuánto va a costar al Ayuntamiento de Segovia el recurso de casación que plantean, "sin obtener respuesta concreta al respecto".

“Después de esta comisión concluimos que se trató de una adjudicación a dedo, con una contratación ad hoc y posteriori a la elección, envuelta en oscurantismo que ha desembocado en un nuevo litigio perdido para el Ayuntamiento de Segovia”, resumió la portavoz de Cs, que también afeó “el silencio atronador de IU, mostrando una permisividad absoluta al PSOE”. “Ahora la pelota está en el tejado de Podemos, que debe tomar decisiones por ser el socio necesario del PSOE e IU”, concluyó.