El director general de Erimsa, José Antonio Valencia, ha opinado este martes que las trabas a la mina proyectada en el nordeste de Segovia son "solucionables". En una rueda de prensa celebrada en Segovia, Valencia ha señalado que no van a retirar la inversión prevista y espera obtener la declaración favorable de impacto ambiental a lo largo de los próximos meses.

Erimsa ha vuelto a salir en defensa de su proyecto, que supondría la extracción de gravas de cuarzo en 434 hectáreas de terreno repartidas entre las localidades de Castillejo de Mesleón, Barbolla y Sotillo. Arropado por el catedrático de Edafología de la Universidad de Santiago de Compostela Felipe Macías, el ingeniero técnico de Minas Eduardo de la Orden y el geólogo Isidro Ibáñez, el director general de Erimsa ha negado de nuevo los perjuicios contaminantes y para la salud de los trabajos que realizarían y ha subrayado la "sensibilidad" de su compañía con la inquietud generada en al menos parte de la población de esa zona.

Valencia ha destacado que reducirán el terreno a explotar de las 1.692 hectáreas previstas inicialmente a 434. También ha asegurado que contestarán a las alegaciones recibidas en el periodo de información pública abierto hasta el pasado mes de noviembre, más de 1.400. "Aunque la mayoría son clónicas", ha apuntado. La Junta de Castilla y León tiene un plazo de cuatro meses para emitir una resolución sobre la declaración de impacto ambiental, pero Valencia reconoce que se podría alargar un año y que podrían necesitar otros "dos, tres o cuatro años" para obtener la concesión de explotación minera.

Rueda de prensa convocada por Erimsa, este martes. - Foto: Rosa Blanco

Pero ni estos plazos ni la oposición encontrada -mayor que en Salamanca, donde ya trabajan- les han hecho plantearse desechar el proyecto: "No vamos a abandonar por una postura política. La mayor oposición es de las organizaciones ecologistas. No tengo nada en contra de ellas, pero solo están en el no. He hablado con ellas y solo admiten que podamos trabajar en cero hectáreas". Aunque los ayuntamientos afectados también han manifestado su rechazo y de ellos dependen las últimas licencias, Valencia confía aún en convencerlos. "Creo que no tienen claro lo que vamos a hacer y que es miedo al desconocimiento. No hay que pensar que va a haber una oposición frontal", ha afirmado.

El máximo responsable de Erimsa ha remarcado que el proyecto supondrá "un impulso a la economía y al empleo de la zona, como ya sucede en la provincia de Salamanca, donde un proyecto similar convive perfectamente con la población, los propietarios de los terrenos, los agricultores y los ganaderos". Asentada también en las provincias de Lugo, La Coruña y Pontevedra, la compañía reivindica que trabaja "bajo la supervisión de las diferentes administraciones públicas y cumple escrupulosamente la exigente legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, porque respetamos todas las medidas de protección y prevención del medio ambiente respecto a ríos, núcleos de población, espacios Red Natura 2000 y los elementos que forman parte del patrimonio cultural del entorno".

Erimsa pretende obtener cuarzo, del que posteriormente se obtiene silicio, una materia prima que forma parte de los paneles solares o de la fabricación de microchips, entre otros usos. El trabajo de Erimsa en Castillejo de Mesleón, Barbolla y Sotillo duraría unos treinta años.