El 54 por ciento de los hogares de Castilla y León que pueden percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) finalmente no lo solicitan, según el análisis que maneja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Se trata de la denominada tasa 'non take up', que en España se mantiene en el 56 por ciento. En este sentido, el informe constata el «impacto positivo» que ha generado la puesta en marcha de una prestación como el IMV en materia de protección social en España, pero detecta «márgenes de mejora en el despliegue de su potencial, la gestión de la prestación y la cobertura y alcance de la pobreza sobrevenida».

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en junio fue de 26.957 hogares en la Comunidad, en los que viven 80.803 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 486,48 euros por hogar y, en conjunto.

Así, Airef achaca principalmente al desconocimiento de los potenciales perceptores de que cumplen los requisitos para pedirla. Entre otros, se exige que los solicitantes tengan al menos 23 años -o 18 años si tienen menores a cargo y no se es ya beneficiario de otra pensión-; acrediten un año de residencia legal en España; hayan vivido independientemente al menos un año en el caso de familias y tres en el caso de personas solas, y demuestren un año de antigüedad de su unidad de convivencia.

De hecho, invita a «reformar el diseño» de la prestación para mejorar su eficacia y propone concretar los objetivos del IMV en términos cuantitativos de pobreza, reforzar las campañas de información y acompañamiento individualizadas y garantizar la continuidad de la publicación de las estadísticas homogéneas y comparables de rentas mínimas para poder seguir evaluando los efectos de estas rentas sobre el IMV.

También, cree, es consecuencia de que algunos de esos posibles demandantes ya cobran la Renta Garantizada de Ciudadanía, de carácter autonómico, si bien en Castilla y León el porcentaje es mínimo, ya que solo el 1,45 por ciento de ese 54 se encuentra en esa situación.

Grandes diferencias

En España, son cinco puntos porcentuales del 56 por ciento los que se corresponden con hogares que se encuentran percibiendo otras rentas mínimas en 2023. Esta proporción es más elevada en las comunidades autónomas donde el trasvase de beneficiarios al IMV ha sido más limitado, como Cataluña (17 puntos de un total del 67 por ciento), Asturias (8,8 por ciento de un 45) y Comunidad Valenciana (7,9 puntos de un 59,5 por ciento).

La tasa 'non take up' varía según las comunidades autónomas, desde un 68 por ciento en Islas Baleares a un 34 y un 39 por ciento en Melilla y Ceuta, respectivamente. Cataluña es la región en la que hay un mayor peso de las rentas mínimas de cara a no solicitar finalmente el IMV, con 17 puntos de una tasa del 67 por ciento, mientras que en Castilla-La Mancha y Melilla es cero la percepción de rentas mínimas entre quienes no piden el IMV.

Por otra parte, la Airef calcula que al 65 por ciento de los beneficiarios se les revisó sus importes en 2023 y a un siete por ciento se les dio de baja y se les pidió reembolsos de 3.000 euros de media. Asimismo, al 30 por ciento de los hogares perceptores del IMV se les aplicó el incentivo al empleo, lo que supuso sumar 2.400 euros de renta en mediana y menos revisiones. Además, solo a 3.964 hogares se les ha reconocido la prestación de acuerdo con los ingresos actuales.

En el conjunto nacional, la Airef calcula que en diciembre de 2023 percibieron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) 342.856 hogares, un 20 por ciento más que en 2022 y el 36 por ciento de los potenciales beneficiarios que lo terminan pidiendo. La duración mediana de la prestación es de 30 meses.