La Generalitat de Cataluña avanza con determinación en su objetivo de lograr una financiación «singular» que le otorgue el control total de los impuestos recaudados en su territorio. Bajo la apariencia de un modelo de gestión compartida, el acuerdo entre la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para administrar el impuesto de matriculación representa un primer paso. Pero, más allá de su naturaleza técnica, esta iniciativa se inscribe en un proceso que desvirtúa los principios de equidad y solidaridad sobre los que se asienta el sistema de financiación autonómica.
El acuerdo, presentado por la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, permite a la ATC acceder a información fiscal clave y utilizar herramientas informáticas de la AEAT. Se trata, según el Gobierno catalán, de una «prueba piloto» que podría extenderse a otros tributos, alineada con el compromiso del PSC y ERC para transferir progresivamente la recaudación de impuestos como el IRPF a partir de 2026. Detrás de este movimiento, se encuentra la aspiración independentista de avanzar hacia un modelo similar al concierto vasco y navarro, pero con una diferencia sustancial: mientras que estos regímenes responden a una singularidad histórica y jurídica reconocida constitucionalmente, el caso catalán carece de este amparo.
La pretensión de la Generalitat de obtener un sistema exclusivo es un ejercicio de egoísmo político que rompe con el principio de igualdad entre comunidades autónomas. La financiación autonómica no puede diseñarse a la carta para favorecer a una región en detrimento del resto. La cesión de impuestos a una sola comunidad supone un agravio comparativo que despoja de recursos al conjunto del Estado, debilitando el principio de solidaridad interterritorial que garantiza un acceso equitativo a los servicios públicos.
Este modelo no solo fractura la cohesión del sistema fiscal, sino que también plantea riesgos de descoordinación y desigualdad entre los contribuyentes según su lugar de residencia. Si cada comunidad gestionara sus propios impuestos sin una redistribución equitativa, se profundizaría la brecha entre territorios ricos y pobres, erosionando el espíritu de cohesión nacional.
Cataluña tiene derecho a reclamar una mejor financiación, como cualquier otra comunidad, pero dentro del marco común que garantiza un reparto justo y equitativo de los recursos.
El Gobierno de España no puede permitirse ceder a las presiones políticas y dinámicas partidistas que ponen en riesgo la unidad del sistema tributario. La financiación autonómica requiere una reforma integral basada en criterios de equidad, eficiencia y solidaridad, no en concesiones a medida.