El anuncio de la creación de una red de calor en la ciudad, que ofrecerá tanto calefacción como agua caliente a edificios e instalaciones públicas, empezando por el Hospital General, así como a bloques de viviendas privadas, genera expectación y, aunque se conocen algunas características tanto de la central de energía térmica, que se construirá en la zona de ampliación del complejo sanitario, como de las calles por cuyo subsuelo se extenderán los ramales de las conducciones de agua caliente, poco se sabe del sistema de abastecimiento de la materia prima que servirá de combustible, biomasa procedente de bosques de Castilla y León, salvo que será astilla forestal con un límite del 50% de humedad.  

Por eso, entre la ciudadanía, pero también entre profesionales como ingenieros o empresas de trabajos forestales, surgen dudas sobre la disponibilidad de la biomasa necesaria para abastecer no solo la red de calor de Segovia sino todas las que están en marcha en la Comunidad Autónoma. También se preguntan si el incremento de la demanda encarecerá su precio, ahora competitivo en relación a combustibles fósiles como gasoil o gas natural.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio prevé que las redes de calor lleguen a 51.000 viviendas y 452 usuarios terciarios en 2029 en Castilla y León, tras una inversión global de 184 millones, aunque, además de la biomasa, se proyectan algunas con energía fotovoltaica o con biogás.

Hay que tener en cuenta que la central de generación de energía térmica con biomasa para la red de calor de Segovia, a falta de mayor detalle cuando se dé a conocer el proyecto de ejecución, sigue el mismo modelo que las puestas en marcha en la capital vallisoletana. En este sentido, será similar en tamaño a la denominada 'Valladolid Oeste', de unos 3.600 metros cuadrados, y con una previsión de consumo futuro de 50.200 toneladas de astilla para cubrir la demanda potencial anual de los edificios conectados a la red, sin especificar la procedencia de esa biomasa.

En la provincia de León, donde están en marcha otras redes de calor, tanto en la capital leonesa como en Ponferrada, la Junta, a través de  Somacyl, licitó en octubre un Centro Logístico Comarcal (CLC) de biomasa forestal en Llamas de la Ribera, que será el tercero, pues ya están en funcionamiento otros en Castrocontrigo y Almanza. El objetivo es la transformación (astillado), secado, almacenamiento y distribución a nivel comarcal de la biomasa procedente de montes de la zona.

Margen de sobra. El presidente de Avebiom (Asociación Española de la Biomasa), Javier Díaz, informa de que Castilla y León está experimentando un crecimiento anual de 8 millones de toneladas de biomasa y el aprovechamiento oscila entre 2,5 y 3 millones en los últimos años, con la excepción de éste donde ha sido de 400.000 toneladas por el stock de madera quemada del gran incendio de la Sierra de la Culebra de la provincia de Zamora en 2022. Por eso dice que «no es en absoluto preocupante el crecimiento de la demanda de astillas y otros tipos de biomasa» por el desarrollo de nuevas redes de calor en la región.

Mantiene que, más bien al contrario, hay un gran margen de gestión sostenible de las masas forestales, con las ventajas medioambientales que eso conlleva, por la sustitución de combustibles contaminantes y la prevención de incendios en los montes. Indica que España, a pesar de su importante superficie forestal, todavía está lejos de su aprovechamiento para energía térmica si se compara con países europeos como Austria, Alemania, Francia o Suecia, donde oscila entre un 60% y un 70% de la biomasa generada, frente al 35% de media en España.

Por otro lado, afirma que precisamente el aumento de la demanda a mayor escala permitirá también un dimensionamiento de los trabajos silvícolas y de las empresas astilladoras que redundará en una reducción en el precio, que junto a la centralización del sistema que suponen las redes de calor,  ya supone un ahorro energético para el usuario doméstico de entre un 30 y un 40 por ciento, según Díaz.

Con argumentos muy similares, defiende la capacidad de crecimiento de la gestión sostenible de biomasa María José Tapia, CEO de una de las empresas del sector más punteras en Europa, Naturpellet, con sede en Sanchonuño, y presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia. Recuerda que más de la mitad (el 51%) de la superficie de Castilla y León es forestal. «Hay más árboles que edificios y se aprovecha muy poco, entre un 30 y un 35 por ciento, y los bosques siguen creciendo de forma natural», cuando en algunos países europeos el aprovechamiento forestal llega ya al 80 ó 90 por ciento».

Concluye que no hay déficit de biomasa y añade que «ojalá se creasen muchas más redes de calor», además de insistir en que la gestión que se lleva a cabo en la Comunidad es sostenible, a través de planes que suponen «un traje a medida del pinar», sobre todo con trabajos silvícolas para mantener en buen estado los montes y evitar incendios.

Ambos destacan, además, las nuevas tecnologías aplicadas en la maquinaria del sector forestal, que permite una mayor productividad, menor riesgo medioambiental y también supone un atractivo añadido para potencial mano de obra joven, «con buenos sueldos», lo que, a su vez, contribuye a la lucha contra la despoblación en el medio  rural.

Un detalle que apuntan estos  expertos es que la astilla para grandes calderas como las de las centrales de generación de energía térmica de las redes de calor no tiene que cumplir los mismos estándares de calidad que las de calderas individuales.

Recomendaciones. Recientemente, el Consejo Económico y Social de Castilla y León ha recomendado a la Junta que actualice el Plan Regional de Bioenergía, cuya vigencia finalizó en 2020, aprovechando los fondos europeos para poner en valor la biomasa forestal con una producción sostenible y respetuosa con la biodiversidad, utilizada de manera eficiente y apropiada.

Por su parte, la Comisión Europea ha amenazado con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si no transpone a la legislación nacional las disposiciones de la directiva para el  fomento del uso de energías renovables, incluyendo criterios de sostenibilidad y ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles de biomasa, así como normas para verificar su cumplimiento.