Simplificación, flexibilidad, eliminación de burocracia y, a la postre, una reforma intermedia de la Política Agraria Común que ofrezca una mejor respuesta a las demandas del sector agrario y a la vez a las necesidades de los consumidores comunitarios en lo que afecta al autoabastecimiento y soberanía alimentaria; existencia de una política agraria nacional dando respuesta a las demandas más directas, tanto de los productores como de los consumidores; y, finalmente, la demostración de fuerza de cada sigla en las calles a falta de una decisión del Gobierno para definir la representatividad en el campo. Estos tres puntos han constituido en los últimos tiempos las principales razones de las movilizaciones y las protestas de las organizaciones agrarias ASAJA, UPA, COAG y Unión de Uniones, hasta la fecha no convocada con el resto en la mesas de trabajo de Atocha.

Hoy, las movilizaciones se pueden dar por concluidas por cansancio. Entre otras cosas, porque las tierras precisan de su laboreo y los animales siguen en las granjas. Ello a pesar de que no se hayan producido las respuestas demandadas.

De acuerdo con las peticiones planteadas por el sector agrario comunitario, defendidas por el Ministerio junto con otros estados miembros en Bruselas, la Comisión dio un primer paso para simplificar y dar una mayor flexibilidad a las medidas sobre la condicionalidad reforzada contempladas en algunas de las denominadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM). Sobre todo en lo que se refiere a la gestión de la labranza, cobertura mínima de los suelos, rotaciones de cultivos, obligatoriedad de dejar una superficie abandonada en cada explotación para actividades no productivas y ecorregímenes. Pero estos cambios, que han sido recibidos favorablemente por el conjunto de las organizaciones agrarias, aún deben tener luz verde en el próximo Consejo de los ministros comunitarios para que se puedan aplicar en cada Plan Estratégico Nacional. Sin embargo, falta una respuesta a la situación global de la actividad.

A Bruselas se le reclaman además cambios en la directiva sobre emisiones o en la Ley de Restauración de la Naturaleza, en la que se anteponen las medidas medioambientales sobre el desarrollo de la actividad agraria. Asimismo, está pendiente una decisión sobre las nuevas exigencias del bienestar animal en las granjas, donde ya se ha regulado el transporte, rechazado por el sector desde Asoprovac por carecer la de una base científica; además se echa en falta una estrategia en el caso de las preferencias comunitarias y la llamada soberanía alimentaria.

En la política nacional, las organizaciones agrarias ASAJA, UPA, COAG y Unión de Uniones, decidida la voluntariedad del Cuaderno digital en 2024 -no para años posteriores-, mantienen sus reivindicaciones, que fueron debatidas parcialmente con Agricultura sin compromisos concretos. Se trata de cuestiones que, en algunos casos, corresponden a varios Ministerios, además del de Atocha, o se hallan compartidas con las comunidades autónomas.

A grandes rasgos, estos serían algunos de los puntos más importantes en las demandas de lo que podría denominarse la Política Agraria Nacional (PAN), entre las que no son dominantes, al contrario que en otros tiempos, las peticiones financieras.

Por otra parte, el sector agrario reclama una mayor eficiencia de la Agencia de Información y Control Alimentarios (a la que se ha añadido la denominación de Estatal) para aplicar de la Ley de la Cadena -norma pionera y, dicen, ejemplo en la UE- de manera que se aseguren unos precios que cubran los costes; el problema es que debe disponer de los medios suficientes para ejercer su actividad, desde estudios actualizados de costes a personal . El mejor plan de choque para defender las rentas del sector agrario sería una adecuada aplicación de esta ley.

Con la actividad rentable como objetivo, para el sector es fundamental la información y el asesoramiento para la innovación, laboreo y manejo, en numerosos aspectos: semillas que puedan hacer frente a los cambios en el clima o ajustes de las producciones a la demanda y a los gustos de los mercados son dos buenos ejemplos.

La fiscalidad vía módulos no es lo más negativo para los agricultores, si bien estiman que es necesario adaptar los límites en el Sistema de Estimación Objetiva del IRPF hacia topes más elevados. También suenan otras cuestiones como la devolución en el Impuesto Especial de Hidrocarburos del gasóleo agrícola o un IVA para los medios de producción por debajo del 21%.

En la política de seguros, además de aumentar los fondos para el pago de las primas, este año a 284 millones, se demandan otras medidas encaminadas a que sea una política atractiva, no solo por las subvenciones, sino también por el volumen y producto bajo cobertura que se ofrezca con los niveles de las franquicias.

Cláusulas espejo.

Al margen de Bruselas, en España se podría aplicar en las fronteras esa cláusula espejo, aportación de Planas a la política agraria, para exigir simplemente las mismas condiciones a los productos importados que a los obtenidos en la propia UE y no solo en materia de empleo de productos y residuos fito y zoosanitarios o calidad, sino también en sanidad, tamaños -en el caso de las carnes-, normas sobre bienestar animal, sacrificios o condiciones laborales.

Atocha se ha escondido en relación con la tarifa eléctrica para los riegos a pesar de los mandatos del Parlamento a Transición Ecológica sobre el doble término de potencia para no pagar la misma en periodos de riegos que en otros que no se utiliza. El poder de las eléctricas sigue en el Gobierno.

El sector agrario mantiene sus demandas para que, en materia laboral, se tengan en cuenta las especiales condiciones de temporalidad que existen en una serie de tareas en el campo muy diferentes a cualquier otra actividad no sometida a las condiciones climáticas.

El subsector ganadero sigue pendiente de una respuesta desde todas las Administraciones para prevenir y atajar los problemas relacionados con la sanidad animal en coordinación con la comunidades autónomas. El sector reclama un ajuste para frenar la expansión de enfermedades ligadas a las importaciones desde el norte de África y a una fauna silvestre sin control por sus efectos, sobre todo, en las cabañas extensivas.

Asimismo, se reclaman nuevos apoyos a la ganadería, frente al poder de Teresa Ribera en Transición Ecológica, en lo que respecta al lobo, que ha ido colonizando áreas del centro y sur de la península. Además de un mayor control, el sector reclama unas indemnizaciones ajustadas a sus efectos económicos; eso sin contar el daño moral causado a los ganaderos por las carnicerías que provoca en las tenadas invitando al abandono por falta de seguridad.

El relevo generacional es un reto urgente ante la edad media avanzada de los agricultores y ganaderos, el 40% tienen más de 65 años, lo que obliga a una política de incentivos global para el cambio. Los jóvenes con menos de 25 años apenas si superan el 1%.

El sector necesita también un mayor apoyo a los profesionales para el funcionamiento de explotaciones viables como ejes de la actividad agraria frente al desembarco de grandes corporaciones y fondos de inversión en el campo; mayor protección de las tierras cultivables frente al acaparamiento de superficies para grandes infraestructuras de energías renovables; o una política hidrológica encaminada al ahorro de agua en los regadíos y contra la amenaza de la sequía.

En lo que afecta a la representatividad, la misma corresponde a elecciones parciales de hace una década. Hoy el mayor interés para su clarificación corresponde a Unión de Uniones, organizaciones escindidas de COAG, que, a pesar de su peso, no se halla en las mesas de Atocha.

Como departamento ligado a los intereses de los agricultores y ganaderos, a Agricultura le correspondería liderar una política integral, un pacto con más servicios para salvar el medio rural junto con otros departamentos como Sanidad, Economía, Hacienda, Vivienda, Educación, Seguridad Social, Industria, Trabajo, etc. para favorecer la permanencia de su población y evitar la salida masiva de jóvenes.