El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha informado de que, hasta el momento, "los representantes de los grupos de la oposición municipal se han posicionado en contra de la propuesta de Ordenanzas Fiscales para 2025,  que recoge lo que los populares describen como "las nuevas imposiciones fiscales del Estado".

Ante la imposibilidad de que el dictamen sea votado de forma favorable por el pleno, el Grupo Popular insiste en reclamar a los concejales de la oposición "una postura responsable y un trabajo decidido para diseñar las tasas municipales de 2025".

El año que viene, según el PP, "de manera obligatoria e impuesta por una Ley del Gobierno de España, tendrán que incorporarse los preceptos del denominado 'basurazo de Sánchez', que impone a los ayuntamientos repercutir sobre los recibos municipales todos los costes derivados del tratamiento de residuos".

Insiten los populares en que ese 'basurazo' de Sánchez se refleja en la Ley de residuos y suelos contaminantes para una economía circular, de aplicación obligatoria, que "implica que los ayuntamientos cobren a los vecinos, con escaso margen a las bonificaciones, todos los costes derivados de la recogida, transporte y tratamiento de residuos, cuyos precios son fijados por el Estado y se traducen en incrementos de hasta el 50 por ciento en esas tasas".

La concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, ya comentó en el mes de julio a El Día de Segovia que no depende «de lo que el Ayuntamiento pueda querer o considerar; necesariamente tenemos que cubrir, como mínimo, el coste del servicio y repercutirlo a los contribuyentes».

"Precisamente por tratarse de un incremento de los recibos de basura que se recaudan a través del Ayuntamiento que está forzado desde el Estado, ningún grupo del equipo de Gobierno puede evitar hacerse copartícipe de este incremento obligado de la presión fiscal sobre los segovianos y mucho menos oponerse a la aprobación del mismo, que sería lo mismo que posicionarse para que el Ayuntamiento incumpla la Ley", añaden.

En este sentido, desde el Grupo Popular en el gobierno municipal hace un llamamiento para "que los grupos municipales trabajen y se hagan corresponsables de las nuevas tasas de basura para lograr entre todos un modelo de aplicación que sea el menos lesivo posible para particulares y comerciantes, que serán los que soporten el peso del 'basurazo' estatal".

En este sentido, en el PP reprochan al Grupo Socialista su, hasta el momento, "ausencia total de colaboración para aplicar una subida que podría haberse llevado a cabo de forma progresiva si los anteriores Gobiernos municipales hubieran aplicado subidas graduales en los recibos de basura, ya que conocían la Ley (de abril de 2022) y su aplicación obligada en los tres años posteriores a su aprobación. También dejaron sin repercutir en los recibos de basura los aumentos de las tarifas aplicados desde el Consorcio de Medio Ambiente durante sus mandatos".

El Grupo Popular sostiene que es totalmente contrario al aumento de la presión fiscal sobre los segovianos, aunque, como no puede ser de otro modo, es cumplidor de las leyes estatales, "aunque sean claramente lesivas para la administración local y los segovianos. Es el caso del basurazo impuesto por ley desde el Gobierno del Estado, o la revisión catastral impulsada desde el Ministerio, que también causará modificaciones en los recibos del IBI de los segovianos".

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ha supuesto la trasposición a la normativa española de una directira de la Unión Europea, indica ya en el preámbulo la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia, tasas que deberían tender hacia el pago por generación. Eso sí, establecía un plazo de tres años, a contar desde la entrada en vigor de la ley, para crear la tasa o, en su caso, una prestación patrimonial pública no tributaria. 

Además, esta normativa estatal establece que para esa tasa municipal (o la prestación patrimonial no tributaria) debe tener en cuenta sistemas que incentiven la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y diferencie o reduzca la cuota por compostaje doméstico, recogida en puntos limpios o a las personas en riesgo de exclusión social. 

El Artículo 25 de esta Ley de Residuos establecía la obligatoriedad de la recogida separada de biorresiduos domésticos (residuos orgánicos procedentes principalmente de alimentación) antes del 30 de junio de 2022 en municipios con más de 5.000 habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023 en el resto de poblaciones. En este sentido, recoge objetivos marcados con más antelación por la Unión Europea pero su transposición a la legislación española pilló desprevenidos a responsables de algunos gobiernos municipales no solo en la provincia de Segovia sino en general en gran parte del Estado.

La propia Ley recoge una serie de excepciones, entre ellas la viabilidad técnica, el impacto ambiental e incluso unos costes económicos desproporcionados. Eso sí, señala que el Ministerio para la Transición Ecológica revisará periódicamente estas excepciones tomando en consideración las buenas prácticas en materia de recogida separada de residuos y otros avances en la gestión de los residuos.

Desde el Grupo  Socialista, su portavoz y exalcaldesa, Clara Martín, recuerda que se trata de la trasposición a la normativa española de una directiva europea y añade que la Comisión Europea está presidida por Úrsula Von der Leyen, del Partido Popular Europeo, al que pertenece el PP, grupo que votó a favor de las  medidas a aplicar. 

Sin embargo, en el PP insisten en que "los socialistas optaron en sus mandatos municipales por evitar aplicar subidas a las tasas de basura y por autorizar la revisión catastral de los edificios de Segovia por tratarse de medidas impopulares que eludieron conscientemente ante la cercanía de las elecciones municipales, dejando para el actual gobierno la difícil decisión de modificar los recibos de basuras e IBI".

Otros concejales de la oposición, como Noemí Otero, de Ciudadanos, tiene claro que la tasa basuras "tiene que ir adaptándose gradualmente a la realidad social, que ha marcado el Gobierno de España y eso, traducido al castellano, es que va a subir».

Bonificación. El pasado julio, la concejala de Hacienda indicó de que una de las cuestiones que barajaba el equipo de gobierno es poder llevar a cabo sanciones pero, sobre todo, bonificaciones, por el uso que la ciudadanía hace de los contenedores de residuos, especialmente del  marrón, ya que en la actualidad el porcentaje de materia orgánica ronda el  65% y es necesario que llegue al menos al 85% para su reutilización como compost. Se trata de incentivar buenas  prácticas tanto por el beneficio que suponen para el medio ambiente como por el ahorro a las arcas municipales, ya que el coste actual es más alto por la presencia de residuos «impropios» en los contenedores.

En cualquier caso, esta responsable municipal indica que el Ayuntamiento ha encargado un estudio para valorar el coste estimado de cada uno de los conceptos que inciden en este servicio (separación, recogida, tratamiento...).

Posición del PSOE. La portavoz socialista, por su parte, asegura que su grupo no apoyará un incremento de tasas o impuestos dirigidos a una mayor recaudación sin que se tenga en cuenta el control del gasto corriente que, a su juicio, se ha incrementado con el PP de forma destacada en cuestiones  como el suministro de nuevos vehículos para la Alcaldía, así como «el gasto político» o la creación de nuevas plazas de personal.

Antecedentes. Las Ordenanzas Fiscales en vigor este año 2024 se aprobaron en el pleno de octubre de 2023, un mes en el que previsiblemente el gobierno municipal del PP quiere someter su nueva propuesta al resto de formaciones políticas.

En esa ocasión salieron adelante con el voto favorable de los dos concejales de VOX y la abstención de Ciudadanos, mientras los grupos de izquierda votaron en contra.

La tasa municipal por la recogida y tratamiento de basura se incrementó un 16%.

Las Ordenanzas Fiscales regulan una treintena de tasas (15), impuestos (6) y precios públicos (9) en el municipio.