Los datos son demoledores. El pasado año, se registraron en España más de 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, que supusieron un coste de más de 25.300 millones de euros en prestaciones económicas de Seguridad Social y coste directo para las empresas englobadas en la categoría de incapacidad temporal por contingencia común. El dato pertenece al informe elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) que ha puesto sobre la mesa un problema que en Segovia ha supuesto un coste para el sistema de protección en forma de prestaciones económicas que supera los 78 millones de euros en este periodo.
El informe señala que en el ejercicio del pasado año, se registraron en la provincia un total de 4.617 procesos de baja por contingencias comunes relacionados con patologías o lesiones traumatológicas, a los que se suman los 2.119 englobados en la categoría de contingencias profesionales, con una duración media de 65,1 dias en el primero de los casos y de 45,9 en el de contingencias profesionales. Esta cantidad supone en torno al 30 por ciento de los procesos de baja iniciados en la provincia durante 2023, que registró un total de 15.873, que revela un aumento del 12,69 por ciento con respecto a 2022 en lo que se refiere a la población protegida en Segovia por el sector de mutuas.
El estudio revela que la incidencia mensual de los procesos de baja por contingencia común en la provincia fue de 24,33 por cada 1.000 trabajadores, muty por encima de la media regional que fue del 23,89 , pero por debajo de otras capitales de Castilla y León como Burgos (30,45) o Valladolid (26,62).
Las bajas por incapacidad temporal hicieron que un total de 4.642 trabajadores no acudieron a trabajar ningún día del año debido a su diagnóstico y a la evolución de su patología, cantidad que se elevó un 8,62 por ciento con respecto al pasado ejercicio y que supone un 7,82 por ciento del total de trabajadores protegidos por el sistema en la provincia. El dato adquiere un mayor relieve en el análisis interanual en el periodo 2018-2023, donde este porcentaje se ha elevado hasta el 57%, siendo el más elevado registrado en la región, conforme a los datos del estudio realizado por AMAT.
El trabajo se detiene en datos singulares, como el referido al número de procesos de baja iniciados por día de la semana, donde es el lunes el día en el que se contabilizan un mayor número de ellos, que desciende a lo largo de la semana. Así, el pasado año se registraron 4.455 procesos el citado día, mientras que el fin de semana apenas se contabilizaron 777.
Todo ello tiene un coste singular para el sistema de protección tanto en el ambito de la Seguridad Social como en el de las mutuas, que las empresas deben afrontar y que es una carga añadida a los costes empresariales. En el caso de Segovia, el coste total de los procesos de incapacidad temporal por contingencia común suponen un total de 78,655.645 euros, y las empresas tuvieron que pagar más de 3,1 millones en concepto de prestaciones económicas, 6,5 en complementos y mejoras incluidas en los convenios colectivos y algo mas de 12 millones en cotización empresarial, así como 21 millones para las mutuas, lo que supone un coste total de 38 millones de euros que van a las espaldas de los empresarios. Las mutuas señalan que el incremento del coste por incapacidad temporal por contingencias comunes ha sido del 72,73 por ciento en la provincia de Segovia en los últimos 5 años.
El estudio se detiene en el análisis de las patologías traumatológicas más comunes que son motivo de baja laboral en la provincia, y que suponen en torno al 30 por ciento del total registrado el pasado año. En el 'top 20' de las contabilizadas por el informe se sitúan alteraciones de la espalda, trastornos internos de rodilla, esguinces y torceduras de rodilla y pierna y esguinces de tobillo y pie, y destaca que el periodo de recuperación de estas lesiones registradas como contingencias profesionales es 13 días menor que en las contingencias comunes, que va de los 61,66 días en este último caso a los 48,06 en el primero.
El vicepresidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Luis Miguel García, achacó a que el coste causado por las bajas crece porque «se alargan los procesos», en algunos casos hasta dos años, «sin tener una resolución administrativa». De hecho, ha habido un incremento cada año de entre un cinco o un diez por ciento de la duración de las bajas laborales derivadas de contingencias comunes, en las cuales las mutuas no participan activamente en los procesos de recuperación de los trabajadores, dado que queda reservado para el Servicio Público de Salud, «con lo que se ve afectada por la carga asistencial y las listas de espera».
Laberinto burocrático
Además, sostuvo que estos procesos «se ven ralentizados por el laberinto burocrático» que supone un alargamiento innecesario de la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo. Estos mismos procesos, cuando se trata de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, son atendidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, «prestando una excelente asistencia sanitaria y recuperando la salud de los trabajadores en casi la mitad de tiempo».
García consideró que el aumento del coste de las bajas en este último lustro «es una barbaridad», tiempo en el que las bajas han crecido un 44 por ciento, un porcentaje que supone un diez por ciento menos, cuando hay un diez por ciento más de población.
En todo caso, apuntó que las razones son «multifactoriales», desde elementos culturales, las limitaciones del Servicio Público de Salud, el entorno laboral e incluso una «concienciación social». «Creemos que se pueden poner soluciones que procedan de todos los sectores. Y por eso es necesario que trabajemos conjuntamente, empresas, servicios públicos de salud y las