El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para cuatro de los cinco policías nacionales, del grupo de estupefacientes de Mérida, detenidos en una operación antidroga llevada a cabo esta semana en varias localidades extremeñas, ha informado esta noche el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
En esta operación, de carácter nacional, que aún sigue abierta, han sido detenidas hasta el momento 22 personas, entre ellas cinco policías nacionales y un guardia civil, para el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja (Alicante) ha dictado también orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Ante el juzgado emeritense, según el TSJEX, han pasado a disposición diez de los detenidos en esta actuación policial, que solo ha decretado prisión provisional para cuatro de los cinco policías nacionales detenidos, mientras que el resto de personas que han declarado ante el juez han quedado en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante la autoridad judicial.
A los enviados a prisión, el juez les atribuye, entre otros, un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de perseguir los delitos.
Por su parte, ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja (Alicante) han comparecido ocho de los detenidos en esta operación contra el narcotráfico en Extremadura, entre ellos el único guardia civil implicado y para el que el juez ha determinado el ingreso en prisión.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se ha acordado para dos de ellos la libertad provisional con medidas cautelares de retirada de pasaporte, comparecencia mensual en sede judicial y prohibición de salir del territorio nacional.
Para los otros seis, entre ellos el guardia civil, el juez ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Las citadas fuentes han añadido que el citado juzgado de Torrevieja lleva diligencias sobre esta operación, aunque no han podido concretar si la dirige.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura concreta que la causa, que está bajo secreto de sumario, se sigue, entre otros, por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y omisión del deber de perseguir delito.