«Perfecto para parejas. Sofá-cama muy cómodo, acogedor y cercano a todos los sitios turísticos de Segovia, dos minutos andando a la Plaza Mayor y cuatro al Acueducto. Os esperamos en Sego Loft, tu mini hogar en Segovia». Este es uno de las decenas de anuncios de pisos turísticos en alquiler en Segovia que se pueden encontrar en la plataforma especializada Airbnb, donde se continúan mezclando quienes desarrollan esta actividad con todos los permisos en regla y quienes se aprovechan de las lagunas de la ley. Estos últimos son mayoría, al menos según los datos que ofrece la Junta de Castilla y León.
AM es una de las empresas que ha apostado por el negocio de los pisos turísticos. En su caso en el barrio de San Millán. «Relájate y desconecta en este alojamiento tranquilo y elegante. Ubicado en el barrio de San Millán a tan solo cinco minutos andando del Acueducto (oplaza del Azoguejo) y a diez minutos andando de la Catedral de Segovia (Plaza Mayor). Está recientemente reformado y con una decoración que lo hace muy acogedor para pasar una agradable estancia en la ciudad y poder disfrutar de sus monumentos, gastronomía y del ambiente de la ciudad sintiéndote como en casa. Se trata de una zona muy tranquila», destaca su anuncio en Airbnb.
Con menos detalles pero con la vitola de estar amparado por la Administración figura en el registro de viviendas turísticas de la Junta de Castilla y León, donde es una de las 18 referencias que aparecen si el usuario hace una búsqueda de Segovia capital. Si teclea 'apartamentos turísticos', aparecen ocho más. En total, 26 inmuebles dentro de lo que se podría calificar como pisos turísticos; muy pocos en comparación con los alrededor de cien que se ofertan en las páginas especializadas, que no especifica cuáles están dados de alta en el registro público y cuáles no.
«Mientras el Ayuntamiento y la Junta [de Castilla y León] siguen lanzándose la pelota de una administración a otra, la mayoría de los pisos turísticos de nuestra ciudad son ilegales, causando un impacto tremendo en los precios de los alquileres para las familias y, también, a los profesionales del sector hostelero que respetan la legalidad», ha criticado el concejal de Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) , Guillermo San Juan. En su opinión, esta circunstancia tiene efectos muy claros sobre el mercado de la vivienda y el acceso a contratos de alquiler de las familias segovianas: «Mientras los anuncios de pisos turísticos en plataformas como Airbnb alcanza números que rondan los 140, la oferta de pisos en alquiler de larga duración en páginas como Idealista o Fotocasa ronda los 200 anuncios, una proporción cada vez mayor que, de seguir así, se invertirá: ahora mismo, por cada cinco anuncios de alquileres de larga duración ya se ofertan tres apartamentos turísticos y corremos el riesgo de que en Segovia se anuncien más apartamentos turísticos irregulares que viviendas en alquiler para población estable».
El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras, avanzó en La 8 Segovia este pasado mes de febrero que el Gobierno autonómico va a solicitar a los ayuntamiento de capitales de provincia que la Policía Local colabore con los inspectores de la Administración regional. «En la vigilancia de la actividad clandestina que tanto daño hace al profesional honrado que realiza una actividad turística», concretó. No consta por el momento que la Policía Local de Segovia haya aceptado realizar esa colaboración. Los alojamientos que no están registrados se amparan en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta permite los alquileres de viviendas por cortos periodos de tiempo pero el arrendador no puede prestar ningún servicio al arrendatario.
«En el momento que das cualquier tipo de servicio ya estás dentro de la actividad turística», remarcó González Pieras, quien también desveló que la Junta estudia unificar las regulaciones de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico, que en la actualidad son diferentes en Castilla y León: «Yo creo que el futuro va a ir precisamente por una norma que unifique. Un decreto que unifique la regulación de la vivienda de uso turístico y los alojamientos turísticos teniendo en cuenta que tenemos que ir muy de la mano también de los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos tienen en los planes urbanísticos un instrumento muy importante y algunos ya lo están realizando».
La disparidad de normativas está provocando una caída del número de casas rurales. Los requisitos para obtener la licencia de apartamento turística o vivienda de uso turístico son más laxos. «Estamos viendo en algunos pequeños pueblos que lo que antes eran casas de turismo rural se están convirtiendo en apartamentos turísticos o en viviendas de turístico. A lo mejor tenemos que plantearnos que en determinadas poblaciones de menos de determinados habitantes, la tipología tenga que ser un hotel, un hostal, casa de turismo rural o una posada y no una vivienda de uso turístico o un apartamento turístico», apuntó González Pieras en La 8 Segovia.