La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por alta traición después de que la Audiencia Provincial de Barcelona acordara archivar el denominado 'caso Voloh', la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona sobre la presunta injerencia rusa en el proceso independentista catalán.

En un auto, los magistrados han explicado que "la única salida procesal correcta es archivar sin más las actuaciones". "No nos corresponde, sin un cauce procesal legítimo abierto, analizar ni el fondo de la exposición que ha sido despojada de eficacia, ni la corrección de la decisión adoptada con plena jurisdicción por la Audiencia de Barcelona", han apuntado.

El Supremo ha acordado el archivo de las actuaciones incoadas a raíz de la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona sobre el 'caso Voloh'. Cabe recordar que, tras recibir dicha exposición razonada, el alto tribunal acordó dejar en suspenso la decisión sobre la misma a la espera de lo que resolviese la Audiencia Provincial de Barcelona sobre un recurso de apelación pendiente contra la decisión del juez de Instrucción.

Ahora, los magistrados --en línea con el informe del Ministerio Fiscal-- han concluido que debe acordarse el archivo una vez que la Audiencia Provincial de Barcelona declaró en diciembre la nulidad del auto del juzgado que, entre otras cuestiones, acordaba elevar la exposición razonada que provocó la apertura de estas actuaciones, así como el archivo de la pieza separada sobre la presunta injerencia rusa en el procés.

La Audiencia Nacional decreta el cierre definitivo del 'caso Tsunami'

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo del 'caso Tsunami', en el que el juez Manuel García Castellón investigó por terrorismo los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en otoño de 2019 en respuesta del 'procés' en Cataluña.

En un auto, contra el que no cabe recurso, la sección tercera de lo Penal rechaza los recursos de las acusaciones populares -Societat Civil Catalana, Vox y Dignidad y Justicia- de reabrir el caso.

Un caso que el magistrado, ya jubilado, archivó hace meses después de que esta misma Sala declarase la invalidez de las diligencias desde el 29 de julio de 2021 por un error en la prórroga de la instrucción.

El magistrado consideró que había hechos susceptibles de manera inequívoca de un delito de terrorismo, si bien no se había tomado declaración a los investigados en fechas anteriores a ese límite temporal, de modo que solo cabía el archivo.

Entre esos investigados figuró la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, que regresó a España en julio del año pasado, pocos días después de la decisión de la Sala de lo Penal, tras más de seis años residiendo en Suiza huida de la justicia española.

En el auto donde la Audiencia decreta el carpetazo definitivo a la causa, los magistrados explican que los investigados "no tuvieron oportunidad, antes del cierre de la instrucción, de defenderse efectivamente, lo que aboca ineludiblemente al sobreseimiento de las actuaciones".

Porque, "por más que se insista" por las acusaciones -"e incluso en el auto que acordó el sobreseimiento"- en la existencia de indicios suficientes de delito, "es evidente" que los mismos se habrían obtenido sin intervención del os investigados y sin la posibilidad de que propusiesen diligencia alguna para desvirtuarlos.

Hace unos meses, el Tribunal Supremo también dio el carpetazo definitivo a su investigación por estos hechos, que se dirigió durante un tiempo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado autonómico de ERC Rubén Wagensberg por un delito de terrorismo.