España ha votado dos veces en 2022 y las urnas arrojaron resultados que empujan al enfrentamiento abierto. En mayo, la ciudadanía otorgó una confianza mayoritaria al Partido Popular en la configuración de los gobiernos autonómicos y municipales, pero también impuso una dependencia de Vox que, lejos de encauzar las aguas del partido de Santiago Abascal, ha enturbiado las de las coaliciones hasta emborronar su futuro inmediato, marcado por los excesos del socio minoritario al que alude la izquierda para laminar a todo el bloque. En julio, la confianza mayoritaria volvió a ser otorgada al Partido Popular, pero la aritmética parlamentaria abrió la puerta a una posible continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que obligaría a una serie de concesiones que fueron negadas taxativamente por el candidato socialista durante la campaña electoral. Al final, la palabra del presidente volvió a ser traicionada por él mismo a cambio de permanecer en Moncloa. Así las cosas, la izquierda retuvo el poder estatal pero la derecha colonizó el territorial.
Esa realidad binaria viene a complicar todavía más una legislatura cargada de incógnitas, empezando por su propio metraje. Ayer se escenificó lo que viene siendo evidente desde hace meses: el choque frontal entre gobiernos y una oposición armada y en guardia desde las trincheras autonómicas y municipales. Los fuertes encontronazos entre la comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y el Ejecutivo central han pasado a ser interiorizados como algo propio del sistema. Otra cosa es que se produzca un levantamiento que arrastra incluso al único presidente autonómico socialista que tiene el aval de una mayoría absoluta. Así sucedió ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal. O lo que es igual, en la cumbre bilateral entre el Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta María Jesús Montero y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas.
El elefante en la habitación es la prometida condonación de 15.000 millones de deuda catalana. El Estado pagará con dinero de todos lo que se gestionó mal en Cataluña, que ahonda en su crisis educativa, sanitaria y social mientras los dirigentes que antaño instauraron una cleptocracia sistemática dictan políticas xenófobas desde los países en los que se esconden de la actuación de la Justicia, a la que atacan con saña y el indisimulado apoyo del Gobierno. Montero no quiso introducir esta cuestión en el orden del día, pero las comunidades autónomas, incluyendo Castilla-La Mancha, tienen todo el derecho a exigir explicaciones, saber si el trato será igual para todos y forzar al Gobierno a admitir que ha exportado a toda España la problemática catalana de los ciudadanos desiguales.