No es nuevo, pero el acceso a la vivienda en España es un grave problema estructural que persiste desde hace años y sigue acrecentándose. Además, a su agravamiento contribuye el precio disparado de los alquileres, un obstáculo más y no menor para los jóvenes, que ven cómo, entre la subida del coste de la renta y el de los precios en general, tienen que destinar cada vez más recursos a su condición de inquilinos. Y, por supuesto, para rizar el rizo de las adversidades, habrá que recordar los sueldos bajos de este país, que inciden directamente en la falta de capacidad de ahorro y, como es sabido, sin cierto respaldo económico es casi imposible hacer frente a la entrada de un piso y suscribir la posterior hipoteca, cuyo índice es también mucho más caro que hace poco más de un año.
Aun así, los precios de venta de las viviendas, especialmente los de obra nueva, no paran de experimentar alzas cada mes. Una pareja joven sin hijos destina en la actualidad casi la mitad de sus ingresos mensuales a pagar una hipoteca o un alquiler, mientras que lo recomendable sería no dedicar más de una tercera parte. Mientras los sueldos no suban en la misma proporción, cuestión harto difícil, va a ser muy complicado que los jóvenes de este país puedan ser propietarios y, por ello, están abocados a vivir de alquiler, compartir habitación o refugiarse en la casa de sus padres.
Cumplir todos los requisitos ahoga la capacidad de ahorro y, por esa misma razón, complica que un banco les conceda una hipoteca sin una importante aportación inicial de recursos propios. Cuando una pareja joven solicita un préstamo hipotecario se da también el caso de que la entidad financiera le sugiere la figura del avalista, algo que incomoda a la mayoría por el riesgo que supone para los bienes de sus progenitores.
¿Qué sucede realmente? Los más agoreros vaticinan una nueva crisis inmobiliaria a no ser que se aprueben las medidas para evitarla. No olvidemos que España presenta carencias significativas entre los países productivos de la zona euro, porque el paro mantiene sus preocupantes cifras y las empresas, como generadoras de empleo y riqueza, tampoco cuentan últimamente con muchos apoyos públicos. 
Estamos, por tanto, inmersos en un triángulo peligroso que hace que el acceso a una vivienda digna se convierta en un derecho imposible. El primer vértice es el aumento incontrolado de pisos turísticos que, en muchos casos, hacen competencia desleal y en otros, colisionan con la recomendable convivencia entre vecinos. El segundo es el miedo de muchos propietarios a exponer su vivienda a un mercado de alquiler con inseguridad jurídica ante la ocupación ilegal. Y el tercer vértice es la nueva Ley de Vivienda que interviene el mercado y causa un efecto contrario al que se pretende. 
Ese triángulo maldito, sumado a la inanición de los diferentes gobiernos en la materia que nos ocupa, ha constreñido el parque de viviendas susceptibles de ser alquiladas, disparándose el precio de las que sí salen al mercado. Un efecto dominó que influye en la tendencia a la adquisición en propiedad, aunque sea a la desesperada, ya que por poco más o menos de lo que cuesta el arrendamiento se opta por la posesión de tu propia casa. Y este agrio cóctel es el que incide en la subida de los precios de obra nueva, aunque se vendan menos inmuebles. Toda una paradoja que, como decía, afecta a los derechos esenciales, a la independencia de nuestros jóvenes y propicia la especulación.