Guillermo San Juan, concejal de Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde), sigue poniendo sobre la mesa soluciones factibles desde el Ayuntamiento a la problemática de la vivienda. "En el debate sobre vivienda, quizás el más relevante al que se enfrenta ahora mismo nuestro país y nuestra ciudad, hay cuestiones que deben regularse a nivel estatal y, también, a nivel autonómico y somos los primeros en reclamar a ambos niveles institucionales que debe primar el interés general frente a la especulación y los intereses económicos de unos pocos, pero también defendemos, como hemos hecho siempre, que el Ayuntamiento tiene margen legal para hacer mucho más de lo que lleva haciendo décadas para garantizar el derecho de acceder a una vivienda digna", señalaba San Juan.

Y eso es precisamente lo que propone su formación. A través de una moción al pleno que defenderá el próximo miércoles, el concejal de Segovia en Marcha plantea utilizar las competencias municipales en materia urbanística para poner límite a los alquileres de temporada, una modalidad de alquiler de menor duración que los de larga duración que presionan al alza los precios de la vivienda especialmente en nuestra ciudad por el impacto de los estudiantes de la universidad privada IE.

Para ello, lo primero sería definir de forma diferenciada "lo que ya es una realidad social y jurídica: que no son lo mismo, ni tienen el mismo impacto en el mercado inmobiliario, los alquileres de larga duración de familias y vecinos y vecinas que viven de forma estable en nuestra ciudad que los alquileres de temporada para población flotante y temporal". Esta diferenciación en los usos se incluiría tanto en el Plan General de Ordenación Urbana como en el Peahis, y posteriormente permitiría establecer ratios y densidades máximas de esta tipología de alquileres temporales con el objetivo de garantizar un equilibrio entre estas modalidades y los usos permanentes de viviendas por población estable.

"Lo que planteamos es abrir el mismo debate que tuvieron las administraciones públicas hace unos años cuando los pisos turísticos empezaron a ser un problema en todas las ciudades del país: diferenciar los distintos usos de las viviendas para proteger a los residentes y su derecho a vivir en Segovia, y poner límites a actividades vinculadas al mercado inmobiliario que acaparan cada vez más número de viviendas por su altísima rentabilidad", apuntaba San Juan. "El debate aquí es si la vivienda en nuestra ciudad sigue intervenida por el interés económico de un puñado de empresas y particulares o si las administraciones deciden defender el interés general y el artículo 47 de la Constitución Española, que apunta además como una obligación de los poderes públicos regular el uso del suelo para impedir la especulación", finalizaba el concejal de Segovia en Marcha. 

Además de la moción, San Juan explicó este jueves que su grupo ha registrado un ruego dirigido al equipo de gobierno de Mazarías para que reclame, tal y como han hecho otros municipios del país, que el Gobierno central reconozca a los ayuntamientos la competencia para declarar zonas residenciales tensionadas y poder aplicar así las herramientas que permite la Ley de vivienda. "Que la aplicación o no de la ley de vivienda y la limitación de precios dependa única y exclusivamente de voluntad de las comunidades autónomas es un error que están pagando los vecinos y vecinas de todo el país, más aún cuando las comunidades en las que gobierna el PP ya han anunciado que no piensan utilizar la normativa por su cruzada contra el gobierno central: es momento de que los ayuntamientos tengan autonomía para anteponer los intereses de sus ciudades a las guerras partidistas entre el PP y el PSOE", explicaba el concejal de Segovia en Marcha.