La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, defendió hoy el modelo de medidas de convivencia educativa de menores en pisos tutelados, y expresó la confianza en que el real decreto que elabora el Gobierno para mejorar el sistema de protección de menores tutelados no invada competencias autonómicas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que este jueves actuó de portavoz de la Junta, explicó que el modelo de Castilla y León es "diferente" al de Extremadura, donde se produjo el asesinato de una trabajadora social tras la agresión de tres menores en un piso tutelado en Badajoz, aunque sin especificar dichas diferencias.

La Junta de Castilla y León dispone de seis pisos tutelados de régimen abierto con 39 plazas, de las que están cubiertas en este momento 32 y cuentan con 35 profesionales, precisó Blanco, sin facilitar más datos al ser menores, si bien puntualizó que con este recurso de trata de que vuelvan a la normalidad sin tener que derivarles al Centro de Menores Zambrana (Valladolid).

Blanco manifestó que se da una información permanente a la fiscalía de incidencias o un cambio de conducta de los residentes en estos pisos de medidas de convivencia educativa, para que, en casos así, sea la autoridad judicial la que determine si cambia el régimen del afectado con el traslado a otro centro o se implementan medidas de seguridad.

En el caso de menores conflictivos, recordó que se trasladan al Centro de Menores Zambrana.

Decreto

Preguntada por el decreto que ultima el Ministerio de Juventud e Infancia para "blindar" los derechos de la infancia en el sistema de protección, y también de las y los empleados que trabajan en los centros residenciales, confió en que esta normativa del departamento de la ministra Sira Rego "no invada" competencias autonómicas.