El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado órdenes a los servicios jurídicos autonómicos para recurrir el reparto de menores migrantes aprobado ayer por el Consejo de Ministros tras el pacto con Junts. Una nueva ofensiva judicial contra el Gobierno central que el dirigente autonómico achaca al «inadmisible» acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez con la formación separatista y, en declaraciones ofrecidas a Ical, aseguró que la Junta aún no tiene una comunicación oficial sobre el reparto por parte del Gobierno, pero señaló que este «debería ser acordado y jamás impuesto». De esta forma, la Junta pretende recurrir tanto el decreto para el reparto de menores migrantes como las normas para su desarrollo que todavía deben ser ratificadas por el Congreso. Un movimiento con el que Castilla y León se alinea con otras comunidades gobernadas por el Partido Popular que a lo largo del día ya anunciaron su intención de recurrir igualmente este Real Decreto.

«Sánchez mercadea con las personas inmigrantes para mantenerse en el poder», denunció el presidente autonómico, tras lo que aseveró que la migración «debe ser una cuestión de Estado» sobre la que, aseguró, «la Junta no ha variado su postura en los últimos años sobre el acogimiento de menores no acompañados». Y es que el 'fantasma' de la crisis del reparto de menores migrantes vuelve a sobrevolar Castilla y León ocho meses después de que este mismo tema hiciera saltar por los aires el Gobierno autonómico –y el de otras cuatro comunidades–. Y la Junta de Castilla y León vuelve a calcar el mensaje que durante jornadas repitió la parte popular del entonces Ejecutivo de coalición:Sí al reparto de menas, pero condicionada a más fondos y medios para su acogida y reforzar el control de las fronteras.

En ese sentido, el presidente de la Junta manifestó que «Castilla y León siempre ha sido solidaria y nuestro Gobierno ha mantenido sus valores y principios en todo momento». De hecho, reseñó que, actualmente, la Comunidad tiene acogidos «casi 200 niños y niñas» pero el sistema autonómico de acogida «se encuentra al límite de su capacidad». Por ello, y dado que «estamos hablando de personas», Mañueco sentenció: «Nunca vamos a permitir que vivan hacinadas o en condiciones que no sean las adecuadas».