El próximo lunes 1 de julio,  el Conservatorio Profesional de Música, al igual que en el resto de centros educativos públicos no universitarios, contará con un nuevo equipo directivo conforme a lo dispuesto en la convocatoria para el nombramiento de directores, cargo que recaerá por tercera vez consecutiva en su actual director Joaquín Carrasco, que ejerce esta responsabilidad desde el año 2016.

Este hecho ha hecho saltar una situación larvada en el centro desde hace ocho años en el que un numeroso grupo de profesores del centro han querido significar el estado «insostenible» según sus propias palabras que vive la comunidad educativa fruto de distintos hechos acaecidos durante este tiempo y que han minado sensiblemente la necesaria convivencia y tranquilidad que una comunidad educativa requiere para desarrollar sus objetivos formativos y académico;  mas aún en un centro donde se impulsa el talento creativo de sus alumnos.

Denuncias administrativas por posible fraude electoral en distintos procesos de elección, usurpación de funciones, trato desigual, abuso de poder, hostigamiento e incluso acoso laboral son algunas de las irregularidades que este colectivo pone ahora en conocimiento de la opinión pública ante la inminente elección del actual director del centro para un tercer mandato, que le llevará a dirigirlo hasta el 30 de junio de 2028.

Los profesores resumen en un escrito estos ocho años de presuntas irregularidades, que acompañan con una extensa y prolija documentación de cada uno de los casos sufridos por los profesores, y señalan que la gestión del director «se ha caracterizado por la intimidación, el abuso de autoridad y la desatención continua de los objetivos que deberían caracterizar a un centro educativo público, e influye inevitablemente en los resultados escolares y en su funcionamiento general»

De este modo, aseguran que la forma de actuar del equipo directivo «ha generado un ambiente irrespirable y un clima de trabajo tóxico durante sus ocho años en el cargo directivo», y aseguran que el punto culminante ha sido una denuncia penal por acoso laboral presentada por uno de los profesores contra el director y la jefa de estudios -esposa del director- que se encuentra actualmente en fase de instrucción a la espera de su evolución.

Durante este mismo curso, varios profesores han presentado reclamaciones y denuncias ante la inspección educativa,  a las que se ha sumado la junta directiva del AMPA y la Junta de Personal Docente, para significar la presunta manipulación de los procesos electorales de renovación del Consejo Escolar del centro y del proceso de elección de los miembros de la comisión de selección del nuevo director.

En el escrito señala que este último caso fue denunciado por 21 profesores «indignados con la flagrante ilegalidad cometida ya que la mesa electoral estaba presidida por el propio candidato y director, acompañado por la jefa de estudios y por el secretario del centro que integra el equipo directivo del nuevo proyecto».

Así, señalan que «todas las personas beneficiadas en los procesos electorales -recurridos desde diciembre de 2023- han terminado yendo a parar a la comisión de selección del director», lo cual a los denunciantes les parece «demasiada casualidad»

Toda la batería de denuncias, quejas y recusaciones presentadas por los profesores, padres y personal no docente ante la inspección educativa han caído en saco roto, ya que los profesores señalan que «tanto el inspector del centro como el Director Provincial de Educación han respaldado al candidato y director en todas sus actuaciones».

Y desde la administración educativa las soluciones ofrecidas «pasan por proponer la posibilidad de traslado del centro a los profesores afectados, coger una baja de no poder soportar la situación y lo más increíble, amenazas de sanción a aquellos que con sus comunicaciones se habían atrevido a dar el paso de informar a sus superiores de la situación desesperada que estaban viviendo en busca de ayuda».

Los profesores denunciantes han pedido expresamente permanecer en el anonimato, conscientes de que exponer públicamente estos hechos «puede acarrear repercusiones y presiones de sus superiores y del entorno laboral».

La Junta asegura que las actuaciones "se ajustan a Derecho"

Más allá de las denuncias en la administración educativa, los profesores han puesto estos hechos en conocimiento del Procurador del Común, a cuya oficina han presentado un escrito solicitando su intervención. De igual modo, los procuradores del PSOE por Segovia en las Cortes de Castilla y León Alicia Palomo y José Luis Vázquez han presentado una iniciativa parlamentaria dirigida a la Consejera de Educación Rocío Lucas para conocer los detalles de esta situación y las medidas a adoptar para resolverla. Las preguntas de los procuradores socialistas fueron respondidas el pasado 27 de mayo por la consejera, donde reconoce la existencia de varios escritos presentados para denunciar las presuntas irregularidades durante el proceso de renovación del Consejo Escolar, y precisa que "el inspector de referencia del centro estima que dadas las intervenciones llevadas a cabo por el director del Conservatorio y por el área de Inspección de la Dirección Provincial de Educación se ajustan a derecho".

Del mismo modo, la consejera hace constar la presentación de varios recursos de alzada motivados por varias causas y reconoce la existencia de una denuncia por acoso laboral a raiz de un oficio del Juzgado de Instrucción número 5 que solicita información sobre los hechos denunciados.

La Delegación Territorial de la Junta no ha querido pronunciarse sobre el asunto, y remite a la respuesta que la consejera de Educación dio a la iniciativa parlamentaria socialista en las Cortes regionales como la versión oficial sobre estos hechos.