El Tribunal Superior de Justicia suspendió ayer cautelarmente el decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, después de la petición del PACMA. En concreto, paraliza el decreto autonómico que busca establecer qué especies pueden ser consideradas como cinegéticas y da cobertura a la orden anual de caza, ya que a este texto le corresponde determinar qué especies, de entre las consideradas como cinegéticas, pueden ser objeto de caza. En su auto, notificado ayer a las partes, la Sala reconoce la importancia que tiene la actividad de caza para Castilla y León desde un punto de vista económico y social. Eso sí, pondera, por un lado, los daños que pueden causarse por la suspensión del Decreto y, por otro, los daños a la fauna salvaje como consecuencia de la práctica de esa actividad, concluyendo que los daños para los intereses generales derivados de la suspensión del Decreto pueden ser controlados por la administración, mientras que el interés «más sensible, más frágil y vulnerable» y, por ello, «más necesitado» de protección es el de la conservación de la fauna silvestre.
Tras conocerse la sentencia, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que, aunque lo acata, ve «muy grave» el auto del TSJ. «Discrepamos de una forma total, absoluta y profunda al perjudicarse los intereses generales y no solo los culturales o tradicionales y económicos que pueda tener la caza, sino también los ambientales y seguridad de las personas», dijo. En ese sentido anunció que se recurrirá «de inmediato y por todos los cauces posibles» contra un pronunciamiento que «es cautelar». Suárez-Quiñones sostuvo que «todo el mundo reconoce» un exceso de fauna salvaje que produce daños y que la caza «sirve para controlar a estas especies, generando además recursos económicos en los cotos».
Por su parte, el secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, aseguró que la decisión del TSJ evidencia que el Gobierno regional es «antisistema» y Juan Vicente Herrera es «un presidente que va en contra de la legislación vigente y vulnera la legalidad». Desde la Alianza UPA-COAG criticaron el auto del TribunalSuperior de Justicia porque «da alas a los que prefieren selva en vez de campo», informa Ical.
Blindar la caza
El presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó ayer al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones que, «a la mayor brevedad posible» tome «las medidas necesarias» para «blindar la caza» en Castilla y León. Fernández Mañueco se refirió así al auto del TSJ, y remarcó que ha pedido al consejero que se pueda «garantizar» que se pueda caza en toda la Comunidad porque, además de muchas razones, «están en juego intereses muy importantes para la comunidad autónoma». El presidente del PP autonómico subrayó que siempre respetan «las decisiones judiciales» pero «hay dudas» porque el ponente fue retirado y ha emitido un voto particular que, «cuanto menos» cuestiona la decisión del TSJ. Por último, Mañueco dejó claro que desde el PP «apostamos radicalmente por la caza», no sólo porque es una parte «de nuestras tradiciones y de nuestra cultura», sino porque «genera oportunidades y empleo» y fija población en el mundo rural.